Desaparece del mapa la madre maltratada que se negó a enviar sus hijos al padre

La madre de Maracena (Granada) a la que un juzgado ha ordenado la entrega este miércoles de sus dos hijos de once y tres años al padre, condenado en 2009 por maltratarla, se encuentra "en paradero desconocido" después de haber incumplido el mandato judicial por el que los menores debían regresar con el progenitor a Italia, donde tienen fijada su "residencia habitual".

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada había fijado la restitución de los menores para las 16,30 horas en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, al que deberían ser llevados por la madre, según la providencia dictada por la jueza, pero Juana Rivas "no ha comparecido", según han confirmado a Europa Press fuentes institucionales.

De forma casi paralela, su abogada, María Castillo, reconocía en declaraciones a los periodistas desconocer su paradero, si ha abandonado o no el municipio de Maracena con los niños o cuáles son sus intenciones, puesto que de hecho no ha tenido contacto con ella ni con nadie de su familia durante toda la jornada.

Ante la posibilidad de que la entrega de los menores fuera "obstaculizada" por la madre, la jueza había pedido auxilio a través de la citada providencia a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que, en ese caso, adoptaran "las medidas administrativas precisas" para garantizar el cumplimiento del mandato judicial, actuando no sólo en la residencia de los menores en Maracena, sino en aquellos lugares donde puedan encontrarse, por lo que se prevé que ése sea el siguiente paso.

Tanto la representante legal de Juana Rivas como la responsable del Centro de la Mujer de esa localidad, Francisca Granados, han mantenido este miércoles una reunión con la fiscal que ha llevado el caso, en el marco de las actuaciones que han realizado en las últimas horas para impedir que tuviera que entregar a los menores.

Durante el encuentro, han expuesto a la fiscal que esta medida produciría "un daño irreparable" para los menores, tal y como "revelan los contundentes" informes de los psicólogos que han trabajado con el menor de once años "en el marco de un contexto de violencia de género".

La Fiscalía les ha trasladado no obstante que debía cumplirse la decisión adoptada por la jueza y que su posición procesal se ha ajustado a la normativa, de acuerdo a lo recogido en la Convención de La Haya a la que ha apelado el padre en este procedimiento.

Tras este encuentro, Francisca Granados ha intentado contactar con Juana Rivas para contarle lo ocurrido pero el teléfono "salía apagado o fuera de cobertura". "Yo me despedí de Juana el martes a las once de la noche y desconozco dónde está", ha declarado a la prensa. En el mismo sentido se ha pronunciado la abogada, que ha rehusado dar más detalles de las conversaciones confidenciales que haya podido mantener con su cliente en las últimas horas.

Ambas han reivindicado que éste es un caso de violencia de género y "no un secuestro" de los niños y piden que sea tratado como tal. Así, han avanzado que "a partir de este momento van a seguir trabajando para que se haga justicia", presentando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y pidiendo que se suspenda la ejecución de la providencia que obliga a la entrega de los menores hasta que se resuelvan los recursos pendientes.

Este miércoles se celebró una concentración en el municipio de Maracena con la presencia de un centenar de personas en apoyo a Juana Rivas, que estos meses ha explicado a los medios que "tuvo que escapar de la isla italiana Carloforte, en la que vivía con su expareja y padre de sus dos hijos" por estar "sometida a una situación insostenible de violencia psicológica y física". Según afirma, los menores "han sido testigos de todo ese dolor".

En contraposición, el representante legal del exmarido de Juana, el abogado Adolfo Alonso, ha mantenido estos días que se trata de un secuestro interparental y no de un caso de violencia machista, lamentando la "instrumentalización" que se ha hecho.

Esta teoría la comparte la Audiencia de Granada que confirmó el pasado mes de abril la sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que ordenó que los menores fueran devueltos al domicilio del padre en Calafonte (Italia) y condenó a la mujer a pagar las costas del procedimiento al entender que había "sustraído" a los niños, tomando "la justicia por su mano" y trayéndolos a España.

La Sala argumenta que "no cabe tomarse la justicia por propia mano, salvo en los excepcionales supuestos en que la ley lo autoriza" y los menores, "hijos de la apelante, y no lo olvidemos también de su padre, residen en Italia, desde el año 2013, el menor desde su nacimiento, y están sujetos a las normas de aquel país, y las de derecho Internacional que se concretan en el Tratado de Roma".

Añade la sentencia que, de acuerdo a las pruebas obrantes en los autos, los hechos alegados y los actos propios de la madre, así como del padre, todo ello en su conjunto, "permite concluir que la restitución no supone ni acredita que los menores queden expuestos a peligro físico o psíquico grave, ni a una situación intolerable".