Oltra se lleva un varapalo judicial por su ataque al castellano en la enseñanza

"Grave agravio comparativo". Con esta contundencia, la Justicia abrió este jueves una nueva vía de agua en el gobierno de la Comunidad Valenciana, tras el escándalo político de la subida de sueldos de los altos cargos del PSOE y Compromís en el gabinete que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial de decreto de la Generalitat Valenciana que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria. En concreto, deja sin efecto la disposición adicional quinta del decreto de pluriligüismo al ver "un claro agravio comparativo" hacia los alumnos que elijan la enseñanza mayoritaria del castellano.

De este modo, los magistrados de la Sección Cuarta estiman parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI·F y anulan la disposición adicional quinta de la norma por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución al discriminar a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular, ya que estos últimos reciben más horas de docencia en inglés.

En la sentencia, notificada este jueves a las partes y distribuida por el TSJCV, los magistrados consideran que la disposición adicional quinta supone "una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia" en el certificado que acredita el nivel de inglés del alumnado al concluir los distintos niveles educativos (Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachiller).

En su resolución, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal valenciano apela a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y concluye que la norma "introduce esa distinción arbitraria e injustificada entre las dos lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana -en claro agravio comparativo o desequilibrio en perjuicio del castellano- a cuenta del inglés".

Dice el TSJCV que, atendiendo a la existencia de dos lenguas cooficiales, la administración autonómica, acreditado el déficit del valenciano, puede promover acciones positivas para favorecerlo, pero estas han de ser proporcionadas y no deben ir en detrimento del castellano.

"Si la Generalitat Valenciana, en el ejercicio de sus competencias legítimas, estimase la existencia de un déficit en el proceso de normalización en detrimento de la lengua propia, se debería otorgar al valenciano un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable. Pero en todo caso resulta exigible la constatación del referido déficit, de modo que en la norma resulte objetivado en todos sus elementos, pues ello constituye el presupuesto que permite ponderar la proporción razonable.

Pero en todo caso resulta exigible la constatación del referido déficit, de modo que en la norma resulte objetivado en todos sus elementos, pues ello constituye el presupuesto que permite ponderar la proporcionalidad razonable a la que antes nos hemos referido. Exigencia que no se satisface en la norma analizada", argumenta la resolución.

Tras conocer la sentencia, la portavoz adjunta de Ciudadanos en las Cortes valencianas, Merche Ventura, exigió la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, "por el caos que ha creado en la educación, como ha demostrado la suspensión parcial del decreto de plurilingüismo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que ve un claro agravio comparativo en la norma". "¿Cuántos varapalos judiciales necesita el Consell para parar definitivamente el 'decretazo de las desigualdades'?, se preguntó.

Ventura aseguró que "la decisión judicial era de esperar porque desde el principio existían serias dudas sobre la legalidad del decreto, ya que discrimina a los alumnos en función de la lengua vehicular que elijan" y ha afirmado que "no se puede hacer política educativa desde el sectarismo y sin escuchar a nadie". La diputada de Ciudadanos exigió al Consell que "deje de improvisar y acate la sentencia de los tribunales" e instó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, "a pararle los pies a Marzà y a imponer un poco de cordura en este desastre".

Por su parte, la presidenta del PP, Isabel Bonig, consideró que la anulación parcial del decreto de plurilingüismo es una "buena noticia" y un "triunfo de la sociedad civil que se ha movilizado en torno a una causa justa".

Para la dirigente popular, se trata de una noticia "positiva" y "esperada", y instó al Consell a explicar qué harán ahora, aparte de recurrir en casación el decreto, ante el curso escolar que comienza a principios de septiembre.

Bonig señaló que Puig debería destituir al conseller de Educación porque este decreto es "un claro ejemplo" de "falta de diálogo de voluntad y de consenso" de un Consell en el que Compromís se dedica a "imponer la ideología sobre las amplias mayorías".

Y, Cesar Sánchez, el presidente de la Diputación de Alicante, -el primero al que la Justicia dio la razón con este asunto, acuso al Consell de incumplir las órdenes del TSJV.

Por su parte, el sindicato CSIF, que interpuso en su día el recurso, instó a la Consejería de Educación a acatar y ejecutar "de inmediato" la sentencia. Asimismo, lamentó que el departamento de Marzá desoyera sus advertencias "sobre la discriminación que genera ese decreto y que ahora ha ratificado el TSJV".