Un juez da la razón al PP y abronca a Carmena por saltarse la Constitución
El acto previsto para este domingo en favor del 1-O e impulsado por la plataforma Madrileños por el Derecho a Decidir ha quedado suspendido tras el recurso de los populares.
Manuela Carmena, en una comparecencia reciente ante los periodistas.
Severo varapalo judicial a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y a Ahora Madrid. El titular del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Madrid ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el PP en el Ayuntamiento de la capital contra el acto anunciado para este próximo domingo en el espacio municipal del Matadero y en favor del referéndum ilegal del 1-O, organizado por el colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir. De esta forma, tras la demoledora resolución judicial, el acto ha quedado suspendido.
El anuncio lo realizó este martes en una comparecencia urgente el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida. El edil reveló además que el acto "había sido organizado por Ahora Madrid", en concreto por el número 41 de su lista, Pedro Casas.
El recurso fue presentado este mismo lunes y en él se pedía la suspensión cautelar e inmediata del uso del local municipal conocido como Nave de Terneras de Madrid, para "asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria".
El auto del juez, contra el que no cabe recurso, da sin embargo tres días al Ayuntamiento para que presente las alegaciones que considere oportunas. Pero el magistrado advierte ya de que la cesión de las instalaciones municipales "favorece un acto de apoyo a una consulta convocada por una Ley que ha sido suspendida en su eficacia por el Tribunal Constitucional".
Según el juez, esa decisión de la Corporación que preside Carmena contraviene "lo dispuesto en la Constitución Española, en su artículo 1 y 2, que habla de la soberanía nacional y la 'indisoluble unidad de la nación Española'".
En la resolución de cinco folios, el juez afirma rotundo que "los bienes municipales tienen como función principal servir a los intereses generales, entre los que no puede incluirse la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal".
"La Justicia ha puesto en su sitio a Carmena con un auto demoledor que le obliga a rectificar", afirmó tras conocer la resolución Martínez-Almeida, quien tomó la decisión de acudir a los tribunales ante la "cerrazón" de la alcaldesa de autorizar "un acto que era claramente ilegal".