Las 48 horas más negras de Puigdemont: así se desmoronan sus planes para el 1-O

El pasado miércoles, ya metida la noche, medio Parlament de Cataluña -la bancada de Junts Pel Sí y la CUP, y parte de la de Sí Que es Pot- se puso en pie, emocionada, y entonó el himno de El Segadors. En primera fila, Carles Puigdemont y un visiblemente serio Oriol Junqueras, junto a los miembros del Govern, algunos de ellos con lágrimas en los ojos.

Apenas tres horas después, el inquilino del Palacio de San Jaume suscribía el decreto que convocaba oficialmente el referéndum ilegal del 1 de Octubre. Quienes estuvieron allí reconocen que entre las filas de los secesionistas reinaba una especie de mantra: "¡Misión cumplida!", vinieron a decir.

Pero a este subidón independentista le faltaba un chute de adrenalina final, el que estaba por llegar cinco días después: la Diada. La voz del poble. La de "esa inmensa mayoría de catalanes" que, según los ideólogos del procés, exige sin demora la consulta del 1-O.

El Rey, los Mossos, la mayoría de los alcaldes, las multinacionales, el Banco Sabadell y Bruselas. Todos a una el mismo día: lo que es ilegal no es posible.

Sin embargo, apenas 48 horas después de la escenificación de su desafío, a Puigdemont y sus socios se les ha desmoronado toda la arquitectura de su hoja de ruta. En el último día y medio, en los ámbitos interno, económico, político e internacional, a los secesionistas les ha caído encima un auténtico baño de realidad.

El jefe de los Mossos, el Mayor Trapero, este martes accediendo a la sede de la Fiscalía, en Barcelona.

Este miércoles horribilis para Puigdemont y Junqueras comenzó, en realidad, bien entrada la noche del martes. Fue cuando la Generalitat comprobó que los Mossos acatarán las instrucciones de la Fiscalía de Barcelona y requisarán las urnas. De hecho, el secesionista conseller de Interior, Joaquín Forn, no pudo evitar que, ya en la madrugada, los mandos de la Brigada de Información de la Policía catalana tuvieran ya acatadas las órdenes por escrito del Ministerio Público. Las mismas órdenes las tienen todos los agentes de las policías locales.

Otros dos jarros de agua fría cayeron casi a la misma hora sobre la Generalitat. La oficialización de la rebeldía de los alcaldes del PSC -entre ellos los de las decisivas Tarragona, Lérida, Hospitalet, Mataró o Santa Coloma- y su negativa a poner urnas. Y el segundo, la constatación de que los directores de los colegios no están por la labor de ser cómplices del 1-O. La respuesta inmediata de Puigdemont: la purga de madrugada del director del Consorcio de Educación de Cataluña.

Poco después, la Generalitat recibió otro golpe a su estrategia: la Guardia Civil clausuró la web oficial del referéndum. Algunas entidades, entre ellas la CUP, la replicaron después aunque de forma no oficial.

Y por fin habló el Rey: "Ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados"

El, hasta este lunes, combativo y locuaz presidente de la Generalitat se topó además a primera hora de este miércoles con la verdadera muestra del peso de la ley. Los 712 alcaldes que se han prestado a colaborar con el referéndum ilegal fueron citados a declarar por la Fiscalía y el que no acuda será detenido (la CUP anunció al rato que los suyos no irán).

Pero en las filas secesionistas ligadas al municipalismo se ha abierto una brecha. En sentido contrario a la decisión de los cuperos, la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, llamó a los alcaldes que han firmado decretos municipales de apoyo al referéndum a que vayan a declarar cuando les citen, porque "no tienen nada que esconder ni ningún inconveniente en explicar, donde sea, que estarán al lado del Parlament, del Govern y de la gente para hacer posible el voto".

Después de la advertencia nítida a los primeros ediles catalanes se escuchó, alta y clara, la voz de la única autoridad institucional que aún no se había pronunciado, la del Jefe del Estado. "Ante quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados; de que las libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas y protegidas", enfatizó solemne Felipe VI.

Pero también desde el poder económico y financiero le cayó su parte a Puigdemont. La CEOE respaldó expresamente todas las medidas que el Gobierno adopte para frenar el ilegal referéndum. El Banco Sabadell amagó con trasladar su sede social fuera de Cataluña si sigue el órdago. "Habrá colapso", advirtió el presidente de los empresarios catalanes, Josep Bou. Y una tercera admonición: un informe descuenta ya la fuga de las multinacionales de Cataluña si se vota la secesión.

Bruselas se harta: "En Europa impera la fuerza de la Ley, no la fuerza del más fuerte", advierte Juncker

Y, por último, Puigdemont recibió cumplida respuesta del presidente de la Comisión Europea, a la que había apelado, crecido, este mismo lunes tras la Diada. "Nos tendrá que escuchar", presumió el presidente catalán.

El mensaje, alto y claro y desde el hemiciclo de la Eurocámara, llegó éste miércoles. "En Europa impera la fuerza de la Ley, no la fuerza del más fuerte", sentenció Jean Claude Juncker.

Llegados a esta tesitura, en las filas de la antigua Convergencia, e incluso, del entorno del propio Junqueras, se ha instalado una honda preocupación. El desafío no da para más. Se ha llegado al escenario que más preocupaba a los moderados: que la frustración por una consulta imposible se escenifique en la calle. Y que ya no sea Puigdemont, sino la CUP, Arran y su entorno anarquista y antisistema, el que lidere una respuesta violenta al Estado de Derecho. Y con toda Europa con la vista puesta en Cataluña los dieciocho días que restan para el día-D.