Algarada callejera tras el golpe mortal asestado al núcleo duro del referéndum
Puigdemont habla de "estado de excepción" y llama a los catalanes a votar el 1 de octubre en respuesta. El Gobierno expresa su apoyo a los jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad.
El núcleo duro de la organización del referéndum detenido -14 personas-, 41 registros y escenas de muchísima tensión en las calles de Barcelona. Es el resultado de una mañana en la que el Estado ha demostrado que está dispuesto a usar todos los mecanismos a su alcance para parar el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Y lo está con apoyo de Pedro Sánchez y de Albert Rivera, con quienes Mariano Rajoy se reunió por separado para informarles de primera mano del operativo ordenado por el juez de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. A quien, por cierto, el independentismo ya ha colocado en su diana.
Carles Puigdemont y los suyos esperaban tarde o temprano las detenciones y los registros. Seguramente los deseaban incluso. Así que cuando se produjeron el presidente de la Generalitat compareció furioso rodeado de su Govern (que remodeló a principios del verano para asegurarse su lealtad" clamando contra el "estado de excepción" impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Puigdemont llamó a los catalanes a responder votando el 1 de octubre, dejando claro así que mantiene sus planes. No podría hacer otra cosa llegados a este punto.
Con miles de catalanes echados a las calles para protestar, a última hora de la mañana el Ejecutivo central habló por boca de su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, que leyó una declaración institucional en el Congreso para mostrar su apoyo cerrado a jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad.
"Nadie está por encima de la ley y cuando alguien lo pretende el Estado tiene el deber de actuar en defensa de los derechos de todos", recordó Méndez de Vigo, que acusó a Puigdemont de "buscar en manifestaciones callejeras una legitimidad que no tiene".