La juez Lamela da el golpe final a los Jordis que pone a temblar la ANC y Ómnium
La más que opaca financiación del frente social del independentismo va a salir a la luz. La Audiencia Nacional ordena el "streaptease" de las cuentas y subvenciones de las plataformas.
La juez Carmen Lamela no se arredra ante las presiones y quiere dar el golpe definitivo a los Jordis y a su entramado. La magistrada de la Audiencia Nacional ha reclamado este viernes variada información financiera sobre cuentas bancarias de las organizaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, contra cuyos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, dictó prisión provisional esta semana, según han informado fuentes jurídicas.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 investiga la causa por sedición por los incidentes ocurridos en Barcelona los días 20 y 21 de septiembre y en la que están imputados el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y la intendente Teresa Laplana, además de Sánchez y Cuixart.
En el marco de esta investigación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó a la magistrada que ordenara indagar las cuentas de las dos organizaciones soberanistas y Lamela dictó un auto autorizándolo, lo cual fue recurrido por las defensas de Sánchez y Cuixart que ahora ha sido rechazado.
La investigación de las cuentas de ANC y Òmnium también fue solicitada previamente por la Guardia Civil, que en el atestado incorporado a la causa en la que relataba los hechos ocurridos el 20 y el 21 de septiembre pedía a la jueza que ordenara recabar información sobre las cuentas y los productos bancarios y financieros "con la finalidad de solicitar el bloqueo" de los mismos.
El auto de Lamela en el que ordena recabar información sobre las cuentas y productos bancarios de ANC y Òmnium Cultural de momento no menciona nada relativo al bloqueo de los mismos, sino que se limita a instar a que se recabe información, han explicado las fuentes informantes.
Además, la juez ha ordenado que se investiguen las llamadas del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y Sànchez y Cuixart. Según fuentes jurídicas, el objetivo es conocer con qué personas y altos cargos de Generalitat pudieron hablar en los días objeto de la investigación por el delito de sedición.