No habrá foto de Puigdemont y los consejeros sacados de sus despachos
El Ejecutivo no va a ocupar consejerías sino a dirigir "telemáticamente" su funcionamiento. Se barrunta una rebelión en la administración regional en respuesta al 155. Trapero, el siguiente.
Mariano Rajoy durante su comparecencia.
Al cese del presidente de la Generalitat, el vicepresidente y todos los consejeros del Govern de Cataluña, así como de los asesores que dependen de ellos (personal eventual), podrían seguirle en las próximas semanas decenas de ellos más.
En el acuerdo aprobado este sábado por el Consejo de Ministros, y que será aprobado por el Pleno de Senado (lo más probable es que el viernes próximo), los interventores se reservan la potestad de "acordar el nombramiento, el cese o la sustitución temporal con asunción de las funciones correspondientes" de cualquier cargo público. Incluidos el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero (se da por hecho), y el director de TV3, Vicent Sanchis.
Ello en previsión de que pueda producirse una rebelión en la administración regional en respuesta a la aplicación del artículo 155, cuyos efectos el presidente resumió así: "No se suspende la autonomía ni el autogobierno. Se cesa a las personas que han puesto esa autonomía fuera de la ley, la Constitución y el Estatuto de Autonomía".
Una de las grandes incógnitas es quién será la autoridad que sustituya a Carles Puigdemont
El Ejecutivo deja las atribuciones de Carles Puigdemont y su Govern en manos de los ministros y nombrará gestores sobre el terreno, con la gran pregunta de quién será la autoridad que sustituya a Puigdemont (no se ha anunciado aún). No obstante el Gobierno no tiene la más mínima intención de ocupar las consejerías, según fuentes del Gobierno consultadas por ESdiario.
"La UE intervino la economía de Portugal y los hombres de negro nunca entraron en los ministerios", explican gráficamente las mismas fuentes. Ello quiere decir que los independentistas no tendrán una de las fotos que sin duda más les gustaría: la de las fuerzas del orden público entrando en los despachos y desalojando a los altos cargos de la Generalitat.
El Gobierno pretende controlar el día a día de la Generalitat informáticamente, para limitar la presencial al mínimo. De ahí que le dé tanta importancia a la intervención del área de las telecomunicaciones y a los servicios digitales. En este sentido, el acuerdo del Consejo de Ministros habla expresamente del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, pieza clave.
Como lo son las finanzas catalanas. El Ministerio de Hacienda controlará cada céntimo para que no haya desvío de fondos a fines "relacionados con el proceso secesionista".
La precisión de cirujano con la que Mariano Rajoy quiere llevar a cabo la intervención de Cataluña -acordada con el PSOE y Ciudadanos- lleva al hecho de que lo aprobado este sábado sea un folio a medio escribir. En otras palabras: una intervención gradual.
Según transcurran los acontecimientos el Gobierno decidirá, por ejemplo, si sustituye los Mossos d'Esquadra por policías y guardias civiles; o si se hace con las riendas de TV3 para "garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político".
¿Y si Puigdemont convoca elecciones antes de que el 155 sea aprobado por el Senado? El Gobierno no responde a ese futurible
Tampoco está claro qué pasará si antes de que se pronuncie el Senado Puigdemont convoca elecciones. Ni Rajoy ni Soraya Sáenz de Santamaría después quisieron responder a ese futurible. Ni a ningún otro sobre la reacción que pueda tener el todavía presidente de la Generalitat, que comparecerá a las 21 horas.
El acuerdo del Consejo de Ministros maniata al Parlament para que no apruebe ninguna decisión contraria al artículo 155, pero salva a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a pesar de su manifiesta rebeldía. Tiene una explicación: "Nosotros podemos asumir funciones gubernativas, pero Forcadell fue un nombramiento directo de la Mesa del Parlament".
La gran incógnita es cuándo se celebrarán las elecciones autonómicas que pondrán fin a esta situación de interinidad. El Gobierno se da un plazo máximo de seis meses para convocarlas, y después tienen que transcurrir los 54 días preceptivos. Así que apurando serían en verano, aunque el PSOE no quiere ni oír hablar de esa posibilidad y presiona para que se celebren en enero.