Puigdemont y 5 exconsejeros huyen a Bélgica aterrados para pedir asilo político
Según adelanta La Sexta van a pedir asilo político para evitar la acción de la Justicia española. Desde allí han conocido la querella por rebelión, sedición y malversación de la Fiscalía.
La fotografía del Palau de la Generalitat que este lunes publicó Carles Puigdemont era una maniobra de despiste.
Dos días después de pedir al poble de Cataluña que hagan oposición democrática a la aplicación del 155, el expresident y cinco de sus exconsejeros han huido a Bélgica, país al que según La Sexta van a pedir asilo político.
Por lo pronto lo único confirmado es que Puigdemont ha contratado los servicios del polémico abogado Paul Beckaert, defensor de varios etarras residentes en el país para impedir su extradición.
Viajaron hasta Marsella por carretera y allí cogieron un vuelo a Bruselas. Acompañan a Puigdemont los extitulares de Gobernación, Meritxell Borràs; Salud, Antoni Comín; Interior, Joaquim Forn; Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa: y Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Meritxell Serret.
Desde allí han conocido la querella por rebelión, sedición y malversación ante la Audiencia Nacional presentada por la Fiscalía General del Estado, que pide para ellos fianzas que suman 6,2 millones de euros.
El motivo de la marcha precipitada de Puigdemont y sus cómplices no es otro que esquivar a la Justicia española, ante la que han sido citados con carácter urgente para tomarles declaración y valorar la adopción de las medidas cautelares de carácter personal, teniendo en cuenta la "gravedad de los hechos" y de los delitos imputados.
No en vano al haber dejado de ser miembros del Govern y -los que lo fueran también- diputados (por la disolución del Parlament) han perdido su aforamiento y ya no serán juzgados por el Tribunal Supremo sino por la Audiencia Nacional.
El domingo el secretario de Estado de Asilo y Migración belga, Theo Francken, provocó una polémica al abrir la puerta a la concesión de asilo al expresident, oferta que fue poco después negada por el primer ministro, Charles Michel.