La juez Lamela no se fía por el alto poder adquisitivo de los exconsellers
La magistrada contempla riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración en la actividad delictiva de rebelión y sedición.
Junqueras junto a su abogado, al llegar a la Audiencia.
Tras escuchar en la preceptiva vistilla las peticiones de la Fiscalía y de los letrados de la defensa, la juez Carmen Lamela se encerró, al filo de las 2 de la tarde, en su despacho para redactar el histórico auto que va a llevar a la cárcel al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a otros siete exconsejeros del cesado gabinete de Carles Puigdemont.
En este auto la juez -al contrario de lo que sucedió tras la declaración del mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero-, argumenta en tres grandes ejes su decisión: el riesgo de destrucción de pruebas, la posibilidad de reiterar la conducta delictiva y el riesgo de fuga de los implicados. Habla incluso, de su "alto nivel adquisitivo". Fuentes jurídicas explicaron que, además, Lamela valoró la negativa de los ocho exconsejeros a contestar a las preguntas de los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira.
En su auto, de 19 páginas, la juez señala que "no puede olvidarse el poder adquisitivo" de los consejeros cesados para los que ha adoptado esta medida cautelar porque les permite "abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero". En este punto recuerda el hecho de que algunos querellados ya se han desplazados a otros países "eludiendo las responsabilidades penales" en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle a Puigdemont y otros cuatro consejeros que permanecen en Bruselas.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 destaca la gravedad de los delitos que se imputa al gobierno cesado (rebelión, sedición y malversación de caudales públicos) y de las penas que lleva aparejadas. "Teniendo en cuenta que, a mayor gravedad de los hechos y la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida", reza el auto.
La juez añade que la acción del gobierno de Cataluña cesado el pasado 27 de octubre "fue meditada y perfectamente preparada y organizada" y que durante más de dos años ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional "en pro de la independencia".
En este punto se refiere a Turull y Forn -que accedieron a sus respectivas consejerías el 14 de julio de 2017- y apunta que "no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista" han llevado a cabo desde entonces. Matiza, en todo caso, que todos ellos jugaron "un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudiera desviarles de su finalidad".
La magistrada explica además que los hechos que se investigan son suficientemente graves por el hecho de haber proclamado la independencia de una parte del territorio fuera de las vías legales. "El Govern se valió, según recoge la Fiscalía, de la Mesa del Parlament para aprobar leyes abiertamente ilegales e inconstitucionales". Contaron para ello con el apoyo de asociaciones como ANC y Òmnium; y con la dirección de los Mossos d’Esquadra.
La magistrada pensó en un principio, a propuesta de Instituciones Penitenciarias, en repartir a los exconsejeros en cinco cárceles distintas para evitar que maniobren y acuerden una estrategia concertada. Y se planteó esta dispersión: Oriol Junqueras y Joaquín Forn irán a la cárcel de Extremera; Jordi Turull y Raúl Romeva, a Valdemoro; Carles Mundó y Santi Vila, a Aranjuez; Jordi Rull, a Navalcarnero; y las dos mujeres, Dolors Bassa y Meritxel Borrás, a la cárcel de Alcalá.
Sin embargo, el Ministerio del Interior ha decidido agrupar finalmente en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco a los nueve exconsejeros Fuentes del departamento han explicado que la decisión se ha adoptado por "motivos organizativos" y con la intención de facilitar la asistencia de las defensas.
De esta forma, las exconsejeras de Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa y de Agricultura, Ganadería y Pesca Meritxell Borrás seguirán en Alcalá Meco. Los otros consejeros, todos varones, harán lo propio en Estremera, el centro penitenciario más moderno de los que dispone la Comunidad de Madrid.