Uno de los encarcelados reveló torpemente la prueba de las tropelías del Govern
El independentismo intenta hacer pasar por presos políticos a quienes desobedecieron sistemáticamente al Constitucional e ignoraron sus advertencias. Josep Rull se delató de forma absurda.
En su auto de encarcelamiento de Oriol Junqueras y siete exconsellers de la Generalitat, la juez Carmen Lamela resalta textualmente: "Con los actos ejecutados en desarrollo práctico de esta hoja de ruta, se han venido desobedeciendo sucesiva, sistemática y frontalmente todas y cada una de las decisiones del Tribunal Constitucional".
Tribunal al que, por cierto, la Generalitat recurrió la semana pasada en amparo por el artículo 155, después de ningunearlo durante años. Aunque este viernes el TC rechazó el recurso del Govern por presentarlo antes de que el Senado aprobara la aplicación de tal precepto de la Carta Magna.
"Impulsaron y consiguieron la aprobación de leyes y resoluciones dirigidas a dotar de aparente cobertura normativa al proceso de separación del Estado español, propiciando numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad y nulidad de todas ellas", continúa el demoledor relato de la magistrada de la Audiencia Nacional.
La cuestión es que Carles Puigdemont y los suyos no sólo han ignorado reiteradamente todas y cada una de las decisiones y advertencias del Constitucional, sino que además se han jactado de ello.
La mejor prueba de ello es un tuit colgado hace poco más de un año por uno de los exconsejeros ahora encarcelados, Josep Rull, con este texto: "El TC se puede empeñar en advertirnos sobre las consecuencias de sus resoluciones. Nosotros nos empeñaremos en obedecer al pueblo de Cataluña".
En el mismo adjuntaba una escrito del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que le notificaba personalmente a Rull uno de los muchos autos del Tribunal Constitucional que los independentistas han venido ignorando.
En concreto éste se refería a las decisiones adoptadas por el Parlament de Cataluña el 27 de julio de 2016, cuando los 72 diputados independentistas desafiaron por enésima vez al Estado de Derecho y al propio Constitucional y aprobaron las conclusiones de la llamada comisión del Proceso Constituyente. Es decir, la hoja de ruta de la desconexión.
"Le advierto del deber de abstenerse de realizar cualesquiera actuaciones tendentes a dar cumplimiento a la resolución 263/XI y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar la nulidad de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal".
Y ahora les quieren hacer pasar por presos políticos.