La Fiscalía encuentra el botín millonario de los negocios ilegales de Villarejo
Pese al caracter secreto del sumario de la llamada operación Tándem, fuentes de la investigación confirman el hallazgo de "importantes sumas de dinero" en poder del "comisario más oscuro".
El excomisario Villarejo en su entrevista en Salvados.
El sumario de la llamada operación Tándem está declarado secreto y quienes conocen el rigor de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, dan por hecho que no se producirán filtraciones a los medios. Pero fuentes jurídicas avanzaron este lunes algún detalle de la operación al reconocer que durante los registros efectuados en la vivienda y el despacho del excomisario José Manuel Villarejo se han encontrado "importantes sumas de dinero".
A Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al también comisario Carlos Salamanca, Lamela les imputa delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales por su implicación en esta trama con la que presuntamente se habrían lucrado con servicios especializados de inteligencia, facilitando la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.
A Salamanca, exresponsable de la Comisaría de Barajas y actualmente comisario jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF), la juez le atribuye también indiciariamente un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
La operación Tándem se basa en informes supuestamente fraudulentos como el que realizaron Villarejo y Salamanca por encargo de un alto cargo del gobierno de Guinea Ecuatorial sobre uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang, supuestamente para desacreditarlo. Fuentes jurídicas han precisado que en los registros se han incautado de "importantes sumas de dinero", sin precisar la cantidad.
Además de estos tres investigados, los agentes detuvieron el pasado viernes a la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, un hijo de Villarejo, otro de Salamanca y una séptima persona. Estos cuatro quedaron en libertad tras prestar declaración ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, de guardia cuando se inició el operativo de Anticorrupción. La única medida cautelar fue la retirada del pasaporte a la mujer del llamado comisario de las cloacas.
La operación fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal cuyo principal objetivo es la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".
Según Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.
El pasado viernes el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, refuerzo de Manuel García Castellón, ordenó que se llevaran a cabo hasta seis detenciones en auxilio del Juzgado Central de instrucción número 3, del que es titular Lamela. También autorizó más de una docena de registros en domicilios y sedes de empresas en las provincias de Madrid, Málaga y Valencia. En ellos se habría hallado el botín de los negocios ilegales del policía más polémico.