Palo de Hacienda: a los 200 alcaldes que viajaron a Bruselas se les cae el pelo

El viaje que 200 alcaldes emprendieron el martes pasado a Bruselas para arropar a Carles Puigdemont no es un capítulo cerrado. El Gobierno no se cree, ni por asomo, que cada uno pagara de su bolsillo una excursión para la que contrataron un avión privado.

Porque, aunque varios de ellos declararon que abonaron en torno a 300 euros por el billete de ida y vuelta, ninguno enseñó ni un justificante de pago, ni un extracto bancario. Y además se produjeron declaraciones contradictorias, porque alguno aseguró que su consistorio corrió con los gastos en concepto de "representación".

¿Por qué ni uno solo ha mostrado un justificante de pago si realmente lo pagaron de su bolsillo?

El Ejecutivo quiere llegar hasta el final para saber si hubo malversación de caudales públicos, como en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Es por eso que el Ministerio de Hacienda ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas para que llame a declarar a los alcaldes e investigue si se pagó con dinero público.

En el escrito, con fecha de este martes, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se remite a diversas informaciones de prensa que apuntan a que el viaje costó varios miles de euros y que incluyen declaraciones de varios regidores asegurando que su ayuntamiento iba a pagar su parte.

En concreto, Hacienda detalla que para este desplazamiento fue necesario pagar un vuelo que costó "al menos" unos 200 euros por persona y que el alquiler del centro cultural Bozar de Bruselas donde tuvo lugar el acto pudo oscilar entre los 7.000 y los 10.000 euros, a lo que se suma la manutención y el alquiler de otros medios de transporte.

Para aclarar todo esto, Hacienda pide que se llame a declarar a los alcaldes si se considera necesario pero, sobre todo, que se cite a tres de ellos. Primero, Neus Lloveras, alcaldesa de Villanueva y Geltrú y presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), para que facilite la lista de los alcaldes que realizaron la visita a Bruselas y sus eventuales acompañantes, el conjunto de actuaciones organizadas, su coste y la forma de financiación de los mismos.

Igualmente quieren que declare Meritxell Budó, alcaldesa de La Garriga, para que indique los gastos imputados al erario público, puesto que ella misma declaró que cargaba el viaje al Consistorio porque lo realizaba en representación de la localidad.

También pide Hacienda que se cite al alcalde de Premiá de Mar, Miquel Buch, presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), para que ofrezca la misma información solicitada a Lloveras. Según se cita textualmente en la carta, Buch afirmó a propósito del viaje que cada alcalde había pagado su viaje, aunque no aclaró si a costa del consistorio o no.

También afirmó que el alquiler de la sala de Bozar para el evento con Puigdemont lo habían costeado varios eurodiputados, por lo que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro plantea que se tome declaración a Ramón Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé para que lo aclaren.

Una vez que se tengan todos los datos, el Gobierno espera que se identifique a los responsables "de los daños causados al erario público autonómico o incluso estatal", tanto a quienes manejaron los fondos públicos como a quienes tiene capacidad de decisión sobre los mismos, y que se les pida "la responsabilidad contable procedente".