La Guardia Civil encuentra la factura que Puigdemont pagó para espiar a España

La aplicación del artículo 155 y la posterior entrada del Gobierno en las distintas consejerías de la Generalitat, y las investigaciones de la Guardia Civil sobre el 1-O, están permitiendo vaciar los cajones de las distintas sedes del Govern y encontrar las facturas millonarias que los independentistas han pagado para la creación de las estructuras paralelas de su frustrada República catalana.

Si hace unas semanas, los investigadores encontraron los pagos para impulsar su diplomacia, DIPLOCAT, el turno llega ahora con el despilfarro para la estructura de seguridad y espionaje de su proyecto de nuevo estado independiente.

El llamado Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), conocido como el embrión del CNI catalán, pagó a la consultora PricewaterhouseCoopers cerca de 370.000 euros hasta 2014 por asesoramiento sobre diversos temas, entre ellos, saber si podían aumentar el personal o subir los sueldos, así como sobre quien era el dueño de los derechos de la propiedad intelectual de las aplicaciones informáticas que contrataban con terceros.

Así consta en un informe de la Guardia Civil, aportado a la investigación que lleva a cabo el Juzgado número 13 de Barcelona sobre la creación de estructuras de Estado en Cataluña al margen de la legalidad y la organización del referéndum ilegal de independencia del pasado 1 de octubre, aunque proveniente de la investigación que se inició en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los agentes habían solicitado información a un total de 26 empresas que habían contratado con el CESICAT para averiguar si esta Fundación perteneciente a la Generalitat de Cataluña estaba montando un CNI catalán, la llamada Agencia Nacional de Seguridad.

Entre las empresas se encontraba la consultora PricewaterhouseCoopers, que inicialmente se amparó en el "secreto profesional" para no aportar datos, pero que finalmente, a través de su abogado, entregó en mayo de este año la información requerida por la Guardia Civil. La documentación aportada relacionada con la investigación sobre el CESICAT, contenida en un pen-drive, se concreta en tres facturas por importes de 142.797 euros; 3.702 euros y 224.200 euros.

Según el oficio del Instituto Armado, en la primera de éstas está incluida la realización de un informe jurídico sobre la posibilidad de adoptar determinados acuerdos en materia de personal de la entidad consistentes en ampliar la plantilla y/o aumentar la retribución de su personal. También se advertía en el estudio sobre las consecuencias legales que podía acarrear el supuesto de que se llevaran a cabo acuerdos por parte de la citada Fundación en dicho sentido.

Agentes de la Guardia Civil registran la sede del CTTI de la Generalitat el pasado 20 de septiembre.

El Cesicat también fue asesorado por Price a raíz de una denuncia interpuesta por Albert Gabás fundamentada en la supuesta interceptación de correos electrónicos por parte ente de Seguridad de la Información.

Además, en el informe de la Guardia Civil se incluye un trabajo para el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) realizado por esta consultora por un importe de 224.200 euros consistente en un informe jurídico sobre los derechos de propiedad intelectual de las apliaciones informáticas e-Cataluña y ACTIC contratadas por la Generalitat de Cataluña a terceros.

Tanto el CTTI como el Cesicat fueron intervenidos y registrados por la Guardia Civil el 20 de septiembre, para bloquear los servicios informáticos que habían sido preparados para el referéndum del 1 de octubre.