Testigos incómodos en el juicio de los EREs amenazan el futuro de Susana Díaz
Algunos de los dirigentes del equipo de Pedro Sánchez no disimulan en privado sus ganas de que la presidenta andaluza pueda quedar afectada por las revelaciones durante el proceso.
Este miércoles empieza en Sevilla el juicio contra “La PSOE”, la macroindustria llamada por unos, la pseudoindustria denominada por otros, que la Junta de Andalucía dominada hegemónicamente por los socialistas, montó durante más de once años para, en principio, impedir, o por lo menos desactivar, que el populacho laboral de la región se alzara en huelgas contra la ineficacia de la Administración de San Telmo.
Durante este largo decenio, el Gobierno regional de Manuel Chaves, primero, y de su sucesor José Antonio Griñán después, se aseguró por la vía de las subvenciones arbitristas, la paz social en toda la comunidad.
Más de 800 millones de pesetas fueron distraídos por un sinfín de pillastres que, bajo el amparo de la Junta, se forraron personalmente y, de paso, forraron a sus amiguetes. Este escándalo que se ha instruido durante siete años por dos jueces: las magistradas Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, se abre esta semana en canal ante un Tribunal que, al tiempo, tardará al menos un año en articular sentencias.
El PSOE está callado como un difunto, aunque algunos de sus dirigentes actuales no disimulan en privado su contento por que Susana Díaz pueda quedar afectada
Son muchos los implicados y es grande la intención que guardan los abogados defensores, según informaciones de todo crédito, de dilatar el proceso lo más posible hasta hacerlo pesado y prácticamente inadvertido.
Curiosamente, este brutal desfalco no está teniendo apenas cabida en los grandes medios de comunicación, sobre todo en las televisiones que, en otras causas como la Gurtel, se han volcado hasta programar horas y horas de información sostenida con la única intención probablemente de sentenciar, antes de ser juzgados, a los sujetos sentados en el banquillo.
La juez Mercedes Alaya, artífice de la instrucción del sumario sobre los ERE en Andalucía.
Según alguna fuente muy señalada del Partido Popular: “Es increíble que nuestra organización no esté volcada ahora mismo en la denuncia de los ERE andaluces mientras está soportando el goteo diario de nuestras propias miserias”. Esta apreciación no tiene naturalmente otra respuesta que la siguiente: pues que se lo hagan mirar.
Nada menos que 22 cargos socialistas se sientan en un pobladísimo banquillo que también engordan empresarios y sobre todo, sindicalistas
Pero este no es el momento para incidir de forma cansina en la inanidad de la comunicación popular, eso disimularía la trascendencia del juicio que se inicia esta semana en la capital de Andalucía. Nada menos que veintidós cargos socialistas se sientan en un pobladísimo banquillo que también engordan empresarios y sobre todo, sindicalistas no solo de UGT, la central hermana de “la PSOE”, sino también de otras como, desde luego, Comisiones Obreras.
Ya decimos que la repercusión exterior es y será limitada y en todo caso, no ha logrado contagiar al partido que urdió la enorme estafa. Sánchez que ya era entonces militante “no se siente concernido” en frase de uno de sus colaboradores inmediatos, y la presidenta actual de la Junta, Susana Díaz, vicepresidenta con Griñán durante bastantes años, tampoco parece afectada por la eclosión judicial de la rapiña.
Ella y Sánchez conocen perfectamente los entresijos de aquel montaje que desvió cuantiosos fondos públicos a bolsillos particulares y que permitió también la irregular prejubilación de casi siete mil individuos que recibieron en su buchaca unas indemnizaciones de unas empresas fantasmas en las que ni siquiera habían trabajado un solo minuto de sus vidas.
El PSOE, no “la PSOE” en este caso, está callado como un difunto, aunque algunos de sus dirigentes actuales no disimula en privado su contento por que la faraona del Sur, Susana Díaz, pueda quedar afectada por las revelaciones que se ofrezcan durante las largas sesiones judiciales.
No hay que descuidar a este respecto que Pedro Sánchez estaría encantado de que la presidenta andaluza no pudiera presentarse a las próximas elecciones regionales que, sin no hay adelanto y parece que no lo va a haber, deben celebrarse en la primavera de 2019.
Al PSOE nacional desde luego, le viene de perillas este silencio sobre el escándalo porque así puede seguir cebándose en la paja en el ojo ajeno del PP, Gurtel, Púnica o Lezo que, sumando todo lo sumado, apenas alcanza la séptima parte de lo sisado en los ERE de Andalucía.
Díaz no sufre, Susana tampoco y Ciudadanos que mantiene al PSOE en la Presidencia, se llama andanas en este trance, como si no fuera con ellos. El electorado catalán, que es en estos momentos lo que le importa a Rivera y Arrimadas, no va a dejar de votarles porque sus aliados del Sur se hayan metido durante diez años unas centenas de millones en los bolsillos.
El juicio, lo veremos, se va a desarrollar sin estrépito alguno, hasta el punto de que alguna de las defensas ya han enseñado la patita de sus alegatos afirmando, sin el menor pudor, que aquel caso fue sencillamente un intento de filantropía social que en algunos momentos -eso es lo más que reconocen- se articuló de una forma un tanto chapucera. O sea: un pecado de lo más venial.
Es decir que el "fondo de reptiles" fue una sucia especie imaginada por la impasible pero muy discutible juez Alaya que ahora mismo ya no aparece por ningún lado y a la que ya no molestan los numerosos implicados en los múltiples escraches que sufrió durante su penosísima instrucción.
En definitiva, este juicio que empieza nos va a terminar por aburrir a todos los presentes, ocupados como estamos permanentemente en la sedición de Cataluña. Al final un recorrido de múltiples sesiones a lo largo de innumerables meses se completará, es una previsión, con penas menores porque al fin y al cabo, Chaves y Griñán ya se han inhabilitado a sí mismos fuera de la política, y los golfos de medio pelo como aquel Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo, que se gastaba los fondos públicos en manzanilla y cocaína, son caza menor para un país en el que, según está comprobado, única corrupción insoportable es la que viene de la derecha.