El juez borra la sonrisa al excomisario Villarejo: comerá las uvas en la cárcel
La Sala de lo Penal no se fía del extodopoderoso "superpolicía de las cloacas" y rechaza su puesta en libertad provisional. Maneja información sensible y tiene contactos para escapar.
El excomisario, en prisión, José Villarejo.
Nuevo varapalo judicial para el excomisario José Villarejo, que comerá las uvas de la Nochevieja en prisión. Y eso que el que fuera superpolicía de las cloacas del Ministerio del Interior contaba, tras la presentación de su recurso, con salir de prisión en libertad condicional.
Sin embargo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de apelación presentados por las defensas de Villarejo y del comisario en ejercicio Carlos Salamanca, de modo que los dos continuarán en prisión provisional, según han confirmado este miércoles fuentes jurídicas.
Villarejo y Salamanca ingresaron en la cárcel el pasado 5 de noviembre por presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, después de que la juez Carmen Lamela les tomara declaración.
En el marco de la misma operación también fue detenido y enviado a prisión el abogado Rafael Redondo, socio de Villarejo, cuyo recurso de apelación está todavía pendiente de resolver.
Después de que Lamela dictara el auto de prisión, el caso pasó a depender del Juzgado Central de Instrucción número 6, concretamente del magistrado de refuerzo Diego de Egea, quien confirmó la prisión incondicional para los tres investigados, razón por la cual éstos recurrieron a la Sala de lo Penal.
Organización criminal, cohecho y blanqueo
A Villarejo, Salamanca y Redondo se les imputan los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales por su implicación en una trama con la que presuntamente se habrían lucrado con servicios especializados de inteligencia y facilitado la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.
A Salamanca, exresponsable de la Comisaría de Barajas y actualmente comisario jefe de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificación (UCRIF), se le atribuye también indiciariamente un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Según la Fiscalía Anticorrupción, los investigados se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.
En esta operación también fueron detenidas otras cuatro personas, entre ellas la mujer de Villarejo, pero todas ellas quedaron en libertad después de que la juez Lamela les tomara declaración como investigadas también el 5 de noviembre.
