La Audiencia Nacional cerca a Gallardón al imputar a todo su equipo por el Canal
El juez De Egea abre una investigación contra los colaboradores del exministro en su etapa de presidente madrileño. Ve "un cúmulo de irregularidades" en la compra de una filial.
Gallardón, el pasado día 14, compareciendo en la comisión sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid.
La Audiencia Nacional ha dejado este miércoles al exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, con un complicado horizonte judicial. Y lo ha hecho por su primera etapa al frente del gobierno regional madrileño.
El juez Diego de Egea ha acordado citar como investigados -lo que antes eran imputados- a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, año en que Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid.
El magistrado De Egea, juez de apoyo del instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, ha atendido así todas y cada una de las peticiones formuladas por la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de 25 personas, entre ellas antiguos colaboradores muy cercanos a Gallardón como Juan Bravo, actual presidente de Adif, y el exconsejero y exconcejal Pedro Calvo.
Además de Bravo y Calvo, están imputados los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra de Inassa y votaron a favor -en el que estaban Calvo y Bravo-: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.
Aunque no fija fechas concretas aún, el juez ordena además la imputación del que fuera director gerente de la empresa pública de aguas y actual presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda, quien también asistió a la mencionada reunión y "asumió el peso de la explicación del proyecto" junto con José Antonio de Cachavera, igualmente investigado, según explica el auto.
Junto a Canalda y Cachavera, el magistrado cita a Pablo López de las Heras como las "personas que tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición" de la filial colombiana, que habría supuesto un desfalco de en torno a 70 millones de dólares para el Canal.
Como el fiscal, el juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", por lo que ordena numerosas diligencias, al tiempo que pide que "se adopten las medidas necesarias para incrementar el personal policial" adscrito a esta investigación.