Cazan a Ribó en un turbio caso de contratas irregulares de 2'6 millones de euros
El "alcalde del cambio" en Valenciana tendrá que dar explicaciones por una denuncia de Ciudadanos: se ha saltado todos los controles de fiscalización para renovar contratas ya caducadas.
Mónica Oltra y Joan Ribó, en una imagen de archivo.
Los llamados "alcaldes del cambio" comienzan a ser conocidos por algunas actuaciones cuanto menos de dudosa legalidad. Eso al menos le está ocurriendo a uno de los más importantes, el de Valencia y de Compromís, el partido de la "ejemplar" Mónica Oltra.
En este sentido, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha denunciado que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, autorizó en 2017 el pago de al menos 2.645.402,79 euros a 21 contratas caducadas "saltándose los controles de fiscalización", según ha informado la formación naranja en un comunicado.
Para Giner, Ribó "debe endurecer los controles fiscales para evitar la corrupción", puesto que la ciudad "ha sido manchada por esta "lacra" y el alcalde "no ha traído la transparencia al ayuntamiento".
El portavoz de Cs ha explicado que los diez servicios que han pagado a contratas con omisión de fiscalización son Juventud, Patrimonio Histórico-Artístico, Bienestar Social e integración, Atención a las personas mayores, patrominio, Devesa-Albufera, Deportes, Movilidad Sostenible, Educación y Tecnología, información y comunicación.
"El Servicio de fiscal-gastos de la Intervención General advierte de que se tratan de pagos a contratas en las que se han finalizado hasta las prórrogas que permite la ley", ha detallado Giner.
Entre las contratas que se han abonado con "omisión de fiscalización" destacan tres de ayuda a domicilio, una de centro de día para personas mayores dependientes, el mantenimiento del Gulliver o la protección del medio natural de la Devesa de la Albufera.
Para concluir, Giner ha asegurado que la "desenfrenadamente caótica" gestión de Ribó provoca este "descontrol" en las contratas "al que se suma los más 760.000 euros en contratos menores saltándose los controles de fiscalización".