El juez Llarena le ha hecho un favor al Gobierno pero a un precio alto

Las informaciones más fidedignas apuntan a que los fiscales sabían antes de solicitar la euroorden que el juez Llarena no iba a concederla. Sin embargo tenían que suscribir esa iniciativa que, por otra parte, preocupaba grandemente al Gobierno, por más que el ministro Zoido -un ejemplo de escasa contención en sus declaraciones públicas- apuntara a la idoneidad de la euroorden para Dinamarca.

Curiosamente y según parece, el magistrado ha tenido mayor cautela, mejor acierto incluso, que el propio responsable de Interior. ¿A quién hubiera aprovechado sobre todo la detención del fugitivo en el Aeropuerto de Copenhague? Pues no hay duda: al propio saltimbanqui que hubiera llegado a España esposado pero que, desde la cárcel, hubiera podido delegar su voto el día 31 y, en consecuencia, ser elegido presidente de la Generalitat presentándose como un perseguido político.

Ya se ve que Llarena le ha podido hacer un favor al Gobierno, pese a las públicas declaraciones de Zoido, quizá sólo de manual, y a la iniciativa de los fiscales. Llarena sospechaba -muy bien sospechado- que si activaba la orden la Justicia danesa probablemente solo reconocería un par de delitos, el de desobediencia y quizá, el de malversación de caudales públicos, para devolverle a nuestro país. Ello hubiera sido un fracaso judicial y político en España, un balón de oxígeno para el fugitivo, y, desde luego, un agravio para Junqueras y sus vecinos de prisión, encarcelados preventivamente además por presunta rebelión y sedición.

Da la impresión de que Puigdemont se está mofando de España entera

Puede dar la impresión en todo caso, y la da, que el fugitivo de Bruselas, ahora también de Dinamarca, se está mofando de España entera, incluidos, fíjense, sus propios compañeros del que todavía es su partido, el PdeCAT.

En la reunión improvisada que el exministro del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mantuvo con la presidenta independentista, Marta Pascal, si algo le quedó claro a Rubalcaba es que ella, todos los dirigentes de su formación, y muchos militantes se encuentran bloqueados, o más bien hartos de una estrategia errática que, en su opinión, no conduce precisamente a convertir en presidente de la Generalitat a Puigdemont; antes al contrario, le llevará más pronto que tarde a un prisión española.

Pascal querría que el que es en teoría y aún su jefe, aceptara la propuesta de nombrar un sustituto, que éste fuera elegido en la sesión de investidura del día 31, y que, generosamente, Puigdemont se quedara en Bruselas como un "refugiado político" o un "exiliado", como él quisiera denominarse, en una suerte de representación reivindicativa, sin más autoridad que su propia figura.

Eso sería el deseo, nunca confesado, de los mismos dirigentes del PdeCAT, hartos de escuchar a sus conmilitones, si todavía los son, de Esquerra Republicana, exigir que Puigdemont se aparte de una vez por todas de la pelea directa y dejen paso a la estabilización política de la Generalitat.

Por tanto, no hace falta preguntar muchas veces al Gobierno si esta hipotética solución le resultaría la más adecuada. Tampoco lo reconocerá con claridad, entre otras cosas porque sabe que en el propio Partido Popular habitan muchos políticos que no aceptan un nuevo acercamiento a Esquerra como el que durante muchos meses intentó cuajar la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

Hay quien sostiene, y hay que hallar esa referencia, en el círculo inmediato de José María Aznar, que ya existió un pacto del Gobierno con Esquerra en aquellas fechas y que ahora se puede estar ensayando su repetición, algo que naturalmente desmienten fuentes gubernamentales. De aquí la prudencia con que se mueve el Gobierno, o alguna parte del Gobierno, no toda, en esta complejísima tesitura, y los reconocimientos públicos que formula probablemente, ajenos a sus deseos, esperanzas y también, a sus movimientos estratégicos.

Ya se constata como quiérase o no, el fugitivo está marcando no solo la agenda política no solo de Cataluña, sino de la propia España entera. El Gobierno y el Partido Popular se duelen, esta vez con razón, de que su protagonismo en este caso, lejos de reportarle algún beneficio le está causando un evidente deterioro electoral que repetidamente están reflejando las encuestas. Mientras, Ciudadanos, haciendo el menor gasto político, evitando cualquier traspiés y mostrándose inflexible en el tratamiento, más o menor retórico del problema, no hace más que engordar su bolsa de votos.

El país en general reconoce a Rivera más que a Rajoy el éxito de la aplicación del Artículo 155 de la Constitución, algo que, con toda seguridad, quedará asentado en los resultados de la próxima encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, que se publicarán en febrero. En este sentido la declaración de un responsable muy cualificado del Grupo Parlamentario Popular no es baladí, ni incierta: "Puigdemont trabaja para Ciudadanos y hunde al PP". No está mal visto.