La negativa del Consejo de Estado al Gobierno aviva al independentismo

El Gobierno ha sufrido este jueves un tropiezo político de consecuencias imprevisibles. El Consejo de Estado ha echado un jarro de agua fría a su última maniobra para evitar in extremis y de forma anticipada la investidura de Carles Puigdemont, fijada por el presidente del Parlament, Roger Torrent, para el próximo martes a la tres de tarde.

Y es que La Moncloa ha decidido cambiar su estrategia en las últimas horas. Mientras el propio Mariano Rajoy explicó este miércoles que el Gobierno impugnaría al Tribunal Constitucional todo aquel acto administrativo consumado que considerara ilegal, la vicepresidenta compareció 24 horas después para anunciar la petición de un informe -preceptivo pero no vinculante- para sustentar la impugnación preventiva de la candidatura del expresidente fugado.

Moncloa sale al paso del varapalo y dice que el Consejo de Estado avala los principios jurídicos del Gobierno pero que discrepa de sus tiempos.

Con este informe, los juristas del Gobierno pensaban apuntalar la siguiente decisión que debe adoptar el Consejo de Ministros de este viernes: el recurso al TC contra la decisión de Roger Torrent de designar a Puigdemont como candidato a la reelección.

Sin embargo, la doctrina jurídica que el Consejo de Estado ha suministrado a La Moncloa recela de la constitucionalidad de ese posible recurso al órgano de garantías constitucionales. El informe advierte de que no se puede actuar contra actos futuros o previsibles. Es decir, la investidura solo podría impugnarse cuando se produzca. A pesar de todo, fuentes gubernamentales avanzaron que el recurso al TC sigue adelante.

Una decisión que provoca algunos recelos en el entorno del presidente, ya que desoír al Consejo de Estado sería equiparable a las constantes desobediencias que Carmen Forcadell y la antigua Mesa del Parlament hizo a los letrados de la Cámara catalana, Antoni Bayona y Xavier Muro.

Las fuentes gubernamentales consultadas por ESdiario antes de recibir este dictamen daban por avalada la estrategia del Ejecutivo. "Cuando nos hemos dirigido al Consejo de Estado es porque nuestros juristas han allanado el camino", vinieron a decir estas fuentes. Sin embargo, tras conocer el informe, Moncloa sostiene ahora que el Consejo de Estado avala los principios jurídicos planteados por el Gobierno pero discrepa en los tiempos.

Quien no tardó ni media hora en reaccionar a este tropiezo del Ejecutivo fue el propio Puigdemont, que reclama la dimisión de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, en su encuentro con Puigdemont este jueves en Bruselas.

Según los argumentos ofrecidos por la vicepresidenta, el Gobierno considera que el "estatus actual" de Puigdemont, huido y con una orden nacional de detención, es "incompatible" con su obligada presencia en el hemiciclo. Y es que, para el Gobierno, el candidato propuesto "carece del derecho de libertad deambulatorio". De hecho, Sáenz de Santamaría había hecho hincapié en lo "insólito" del hecho de que Torrent tuviera que "evacuar consultas" con el aspirante a la investidura en Bruselas.

Pese a todo, tras este varapalo a La Moncloa, el independentismo se dirige, de nuevo y sin freno, a un choque de trenes con el Gobierno de incierto resultado. Y ya hay día y hora para la renovada provocación de ERC y Junts per Catalunya a Mariano Rajoy: será este martes a las tres de la tarde en el hemiciclo del Parlament.

La duda es ahora que decisión adoptará el candidato. Si vuelve será detenido y enviado ante el juez Pablo Llarena. Si Torrent fuerza una investidura por Skype, el Gobierno sí podría recurrir de nuevo al TC, que suspendería la decisión. Pero todo eso ocurrirá este martes en otra jornada que se dibuja ya como frenética.