Los letrados del Parlament se pelean en busca de una salida legal al bloqueo
El letrado mayor, Antoni Bayona, se niega a firmar el dictamen final entregado a Torrent, que considera parado el reloj. E insta al presidente a que convoque un "acto equivalente" al pleno.
La investidura fallida de Carles Puigdemont ha logrado fracturar también a los letrados del Parlamento de Cataluña. Hasta ahora, en los momentos más álgidos del procés, el letrado mayor Antoni Bayona y el secretario general del Parlament, Xavier Muro, habían expresado una unidad de criterio al considerar ilegal todos y cada uno de los pasos dados por la expresidenta, Carmen Forcadell.
Sin embargo, la suspensión del pleno que iba a investir al expresidente fugado y el escenario que esa decisión de Roger Torrent ha abierto una brecha entre ambos, tanto que el informe definitivo entregado este viernes no lleva la firma de Bayona, máxima autoridad de los juristas de la Cámara catalana. Y es que el primer borrador de Bayona fue desautorizado por el propio Torrent.
Eso sí, el informe no depara sorpresa alguna. Los letrados del Parlament consideran que la suspensión del pleno que iba a investir a Carles Puigdemont no ha puesto en marcha el reloj del procedimiento para la convocatoria de nuevas elecciones. El texto asegura que corresponde al presidente de la Cámara "activar" el inicio de esta cuenta atrás y le ofrece varias vías para ello.
Pero la recomendación no deja de ser polémica, ya que insta a Torrent a convocar un "acto equivalente" al pleno de investidura que ponga el reloj en marcha. "En caso de que el presidente no impulse ese acto equivalente a una votación fallida, sin justificación objetiva y en un plazo razonable de tiempo, se podría estudiar la posibilidad de que los grupos parlamentarios impulsaran este acto equivalente por medio de los instrumentos correspondientes", afirma el informe.
Ese acto podría ser la comunicación formal al pleno de la imposibilidad de investir a un candidato con posibilidades de recibir la confianza del Parlament.
Además, advierten de que "si se prolonga la situación de interinidad o bloqueo institucional con posterioridad a la decisión del Tribunal Constitucional, se podría considerar que el presidente del Parlament se encuentra facultado para activar el inicio del plazo para la convocatoria automática de elecciones mediante una comunicación a la Cámara en la que constatase la imposibilidad de investidura". También abre la posibilidad a una segunda ronda de contactos.
Todos los juristas, también Bayona -que había expresado ciertas discrepancias con sus colegas- coinciden en que no ha habido una investidura fallida y que, por lo tanto, no ha empezado a correr la cuenta atrás de dos meses que la ley fija como plazo para investir a un candidato antes de una nueva convocatoria de elecciones en Cataluña.
De hecho, estas discrepancias retrasaron la elaboración del informe, que iba a ser entregado este pasado martes. Por ello, los letrados han estado elaborando en los últimos días varias versiones hasta alcanzarla la resolución definitiva, que va firmada finalmente solo por el secretario general del Parlament, Xavier Muro.
Los letrados apelan al reglamento de la Cámara y el artículo 4.6 de la Ley de la Presidencia, que establece entre otras cosas que "si transcurridos dos meses desde la primera votación de la investidura, ningún candidato ha sido elegido, la legislatura queda disuelta automáticamente". Para los letrados la suspensión del pleno evitó que se pueda considerar que ha habido una primera votación.
Tras conocer el contenido del dictamen, el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha instado a Torrent a mover ficha. "El informe de los letrados lo deja claro: el Parlament seguirá paralizado y no volveremos a hablar ni de educación ni de sanidad hasta que Torrent desbloquee la situación", ha dicho en un apunte en Twitter.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSC, Jordi Terrades, ha pedido al presidente de la Cámara, que abra una nueva ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios para abordar el informe de los letrados sobre la investidura.