Cifuentes se querella contra Granados por implicarla sin aportar una sola prueba
La presidenta madrileña ha cortado de raíz la estrategia de defensa del exnúmero dos del PP en la etapa de Esperanza Aguirre en el caso Lezo. El viejo truco del ventilador.
Reacción inmediata. Ni una hora ha tardado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en responder este lunes a las acusaciones vertidas por el exsecretario general del PP madrileño y exvicepresidente regional -en la etapa de Esperanza Aguirre-, Francisco Granados, en las que ha vinculado a la presidenta con la presunta financiación irregular de los populares que un juez investiga en la conocida como trama Púnica.
Y eso que el exnúmero dos del PP de Aguirre no ha aportado una sola prueba ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que apuntale su versión de que Cifuentes conocía las andanzas de Ignacio González.
En concreto, en respuesta a las preguntas de su abogado, Granados ha asegurado que la presidenta madrileña sabía que el equipo de González era el que controlaba las "campañas paralelas" que, a su juicio, se financiaban de forma irregular. Pero lo insólito es que no ha aportado ninguna prueba. Ha dicho incluso que no posee ningún documento que lo acredite.
Tras esta declaración, fuentes del Gobierno regional madrileño han anunciado que Cifuentes, de inmediato, "va a ejercer ante los tribunales cuantas acciones civiles y penales le correspondan, por lo que constituye un cúmulo de falsedades y un grave atentado contra su honor y su imagen". La propia presidenta autonómica lo ha confirmado también a través de las redes sociales.
Cabe recordar que Granados realiza esta declaración tres años después de ser detenido por primera vez y después de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil descubriera que tenía una cuenta en Suiza por valor de más de 1,5 millones de euros. El hallazgo se produjo una vez que Aguirre le cesó como secretario general del PP y vicepresidente y consejero de Justicia de su gobierno.
Cifuentes, este lunes, junto a Feijóo y Rajoy en la cumbre territorial del PP.
Después de su salida fulminante de la Puerta de Sol, Granados se reinventó como tertuliano televisivo. Lo hizo presentándose en los platós de varias cadenas como azote de la corrupción. Y ahora trata de buscar una estrategia de defensa que alivie su oscuro presente y futuro judicial.
De momento, en diciembre pasado, Granados recibió su primera condena. Dos años de prisión por una supuesta filtración recibida por un guardia civil conocido suyo por la investigación que sobre el político popular había iniciado la UCO en el marco de la Púnica.
Además, Granados está siendo investigado también en el marco del caso Gürtel. Los exconcejales PP José Luis Peñas y Juan José Moreno Alonso le señalaron en su declaración ante el juez como uno de los cargos del gobierno madrileño que presionaron para que el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, procesado en el caso, amañara una venta de suelo público.
Además, en 2009 se publicó una información que relacionaba a la Consejería de Interior, que presidía Granados, con una trama de espionaje a sus compañeros de partido Ignacio González, Manuel Cobo y Alfredo Prada. Tras una investigación judicial, la juez competente dictó auto de archivo del caso por no haberse acreditado la realidad de los seguimientos y por falta de indicios de delito. Pero en 2010 la Audiencia de Madrid ordenó a la juez reabrir el caso y reunir las pruebas necesarias para procesar a los acusados por malversación de caudales públicos.
En el marco de la Púnica, Francisco Granados fue detenido el 27 de octubre de 2014, junto con más de 50 personas. La operación fue coordinada por la Guardia Civil, bajo las órdenes del juez Velasco.
La justicia ordenó entonces el bloqueo de cuentas de Francisco Granados y su testaferro David Marjaliza en Suiza y Singapur, cuentas que acumularían unos 11 millones de euros (7 y 4 respectivamente). Asimismo, en un registro realizado en 2016 en casa de sus suegros, los agentes encontraron un maletín en el altillo de un armario. Contenía un millón de euros cuya propiedad Granados acabó reconociendo.
El juez decretó el 31 de octubre de 2014 su ingreso en prisión por "formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias". Granados salió en libertad provisional el 14 de junio del año pasado. Ahora, su estrategia de defensa parece ser la de tirar de la manta. Eso sí, con una memoria selectiva.
Tras conocer la declaración de Granados, el líder del PSOE, Pedro Sánchez ha anunciado que pedirá la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid.