La juez de los EREs olvidó durante años en un cajón un fraude que afecta al PSOE
Si no es por la Fiscalía, que ha dado la voz de alarma, el caso podría haber prescrito. No es la primera vez que la magistrada Núñez Bolaños, instructora de la macrocausa, está en entredicho
La juez María Núñez Bolaños, que relevó a Mercedes Alaya en la investigación de los ERE fraudulentos de la Junta.
Mientras el PP sigue sometido al férreo escrutinio de los jueces por sus casos de corrupción, parece que el PSOE tiene mejor suerte con los suyos. El macroproceso de los ERE fraudulentos en Andalucía sigue estancado y suspendido -por la polémica sobre el estado de salud de uno de los exconsejeros en el banquillo- justo cuando iba a declarar ante el tribunal la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
Y mientras, entre los populares andaluces y un sector de la judicatura en aquella comunidad se sigue recelando de la actitud con la que la juez María Núñez Bolaños está instruyendo las numerosas causas pendientes que todavía salpican al PSOE de Andalucía y a la Junta que sucesivamente han gobernado Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Sobre todo, en contraste con la firmeza que mantuvo su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya.
La última polémica sobre la gestión de la juez Núñez Bolaños ha saltado este jueves, cuando la magistrada se ha visto obligada a abrir in extremis nada menos que seis nuevas piezas separadas de la causa global de los ERE. Permanecían olvidadas en un cajón hasta que la Fiscalía ha dado el toque de atención por la gravedad de la situación: esas causas estaban a punto de prescribir y los presuntos delincuentes quedar exonerados totalmente.
Por ello, la juez ha tenido que abrir esas seis nuevas piezas separadas por ayudas sociolaborales presuntamente fraudulentas a varias empresas, entre ellas a Fundosa. Precisamente sobre esta última la Fiscalía Anticorrupción solicitaba en un escrito a la juez instructora "la máxima celeridad posible a fin de evitar la prescripción".
La Fiscalía, en su escrito, pide investigar ayudas concedidas a dos empresas de Fundosa Grupo por importe de 873.470,80 euros, 50.000 euros y otra de 150.000 euros. Respecto a esta última, el fiscal solicita a la juez "la máxima celeridad posible, siendo consciente del volumen de trabajo y los escasos medios materiales y personales disponibles, vista la fecha del último pago a fin de evitar prescripción".
Y es que el fiscal Anticorrupción ve indicios de participación en los hechos investigados del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, de los exdirectores generales de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera, del exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y del exdelegado territorial de Empleo en Córdoba, Antonio Fernández Ramírez.
