El Tribunal de Cuentas ultima un informe sobre los partidos que traerá escándalo

Atención que quedan tres meses: en junio, el Tribunal de Cuentas le va a dar un susto casi de muerte a muchos partidos políticos. A casi todos, sin excluir, claro está, a los que se llaman a sí mismos "nuevos" y que a juzgar por los informes del Tribunal de los años 2013, 2014 y 2015, han cometido los mismo errores, por no decir claramente irregularidades, que las organizaciones políticas clásicas.

El susto preveraniego se instalará en las sedes de cada quien en el momento en que el Tribunal que preside Ramón Álvarez Miranda publique su informe del año 2016. En ese instante a alguien no le va a llegar la camisa al cuerpo porque ese documento es la fiscalización de unos resultados contables bajo la lupa de la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, ley que admite al respecto pocas bromas y que impide para siempre los usos de antaño: chapuzas, donaciones encubiertas, utilización de las fundaciones como caja de abastos de los partidos, y otras bagatelas que se han venido utilizando para el engrase espurio de estas entidades políticas.

El informe de 2016 será, si nos acogemos a la opinión de alguno de sus redactores, "duro, durísimo" y probablemente no distinguirá entre viejos y recientes, entre derecha e izquierda, entre partidos nacionales y partidos nacionalistas.

El PSOE tiene ahora mismo nada menos que ochocientas cuentas bancarias sin declarar, que según Ferraz pertenecen a organizaciones provinciales y locales.

Claro está que antes de que se conozca este informe, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña, los demás partidos, Ciudadanos incluido, tendrán que responder a los muchos reparos que el Tribunal ha puesto a sus cuentas anteriores.

Por lo pronto, el que fue presidente de la Generalitat de Cataluña y máximo responsable de CDC está ya justificando, con el auxilio de un gran bufete de abogados (el de Roca) que no se sabe a ciencia cierta de quién cobra la minuta, que 300 de esos millones pertenecen al desembolso en ordenadores, todo un aparataje informático que ahora, según confiesan, se encuentra en poder de la Consejería de Educación del Gobierno regional.

O sea, que los ordenadores no se los ha quedado Artur Mas. La impresión es en todo caso, que a la entidad fiscalizadora le trae por una higa en qué lugar se encuentren ahora mismo los ordenadores, lo que puede denunciar es por qué se hizo un gasto oficial desde la Generalitat para un acontecimiento no ya oficioso, sino definidamente ilegal.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, este pasado 11 de febrero durante su comparecencia en el Congreso.

Pero es que lo de Mas no termina ahí. Se han actualizado los balances del que fue su partido, y los resultados no pueden ser más escandalosos. La antigua Convergencia acumuló únicamente en 2014 un total de 6.200.000 euros en deudas bancarias, lo que sumado a 800.000 euros en otros menesteres, suma la bonita cantidad adeuda en 7 millones de euros, una cantidad ridícula si se compara con lo debido en 2015 cuando CDC acumuló una deuda de ¡12.350.000 euros!

Y, ¿cuál es el criterio del Tribunal de Álvarez Miranda? Pues éste: que de ninguna forma se puede aceptar que el responsable último de estas deudas y de las numerosas martingalas e irregularidades que perpetró el partido sea simplemente el tesorero. Eso ya no es admisible para el Tribunal de Cuentas: los responsables son los máximos dirigentes.

El informe del Tribunal de Cuentas va a ser "duro, durísimo" y probablemente no distinguirá entre viejos y recientes, entre derecha e izquierda, entre partidos nacionales y partidos nacionalistas.

O sea en este caso concreto Artur Mas. Y, ¡ah¡ encima con otra salvedad: que en ningún caso sería de recibo que esas deudas fueran condonadas por banco alguno y desde luego mucho menos por el Estado, algo que en otros tiempos se ha hecho sin publicidad alguna.

Ni Mas, ni menos; nadie se va a salvar de la lupa del Tribunal de Cuentas al que no le debe parecer muy bonito que por ejemplo el PSOE, tenga ahora mismo nada menos que 800 cuentas bancarias sin declarar, cuentas que pertenecen según lo dicho por el partido, a diversas organizaciones locales y regional que no se conectan financieramente con la sede central de Ferraz.

Algo parecido ocurre con el PP aunque en mucha menor cuantía: son aproximadamente 200 que tampoco están registradas en la contabilidad general. Esto no le resulta demasiado presentable al Tribunal que, como ya se ve, tiene para todos.

También claro está, para el partido de moda Ciudadanos sobre el que el órgano fiscalizador ya ha publicado que su contabilidad "no representa la realidad económica del partido", un dictamen que debería preocupar a una organización que se presenta como adalid de la transparencia.

Y por cierto: ¿han explicado el señor Rivera y sus colaboradores quién son esos proveedores que según el Tribunal de Cuentas han pagado facturas del partido? En realidad no existe evidencia alguna de que alguno de esos proveedores pertenezca al sublime cuadro del IBEX pero no estaría nada mal que Ciudadanos, para seguir acrisolando su fama de impecable limpieza, justificara estas donaciones, donaciones que, ya lo dice el susodicho Tribunal, en el futuro, ya mismo, van a ser prácticamente inviables de acuerdo con la reciente Ley de Financiación de Partidos Políticos.

La exigencia ya es brutal: que los partidos justifiquen de forma integral sus adjudicaciones administrativas. O sea que por ahí no se va a colar ningún constructor desahogado.

Por todo esto, los partidos esperan con el alma en vilo, el informe del próximo mes de junio. El Tribunal de Cuentas, quizá por primera vez retratará fielmente de dónde vienen y cómo se gastan los dineros de cada partido. A decir verdad, y dado lo que se ha visto hasta el momento, no es fácil que todos los fotografiados presenten una imagen limpia. Ya se verá.