Un juez de Madrid sienta en el banquillo a Granados por difamar a Cifuentes

Las graves acusaciones, sin prueba alguna, del exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, le van a abrir un nuevo frente judicial al que fuera número tres de Esperanza Aguirre.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha admitido a trámite la querella criminal presentada por Cifuentes contra Granados por delitos contra el honor y le ha llamado a declarar el próximo lunes, según han informado fuentes jurídicas.

"Ante la difamación, es la hora de la justicia", ha señalado la propia presidenta madrileña en Twitter después de conocerse esta decisión del juez.

Cifuentes presentó la querella criminal el pasado 15 de febrero, mediante un procurador y un abogado particulares, sin intervención de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, después de que Granados insinuara en su declaración en la Audiencia Nacional que la dirigente madrileña era conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y en el marco de la operación Púnica, Granados relató al magistrado que el "núcleo de control" del presunto sistema irregular de financiación del PP madrileño estaba formado por la propia Esperanza Aguirre, que pilotaba todo el sistema; Ignacio González, su sucesor al frente de la Presidencia de la Comunidad, y la propia Cifuentes, a la que sitúa dentro de esa cúpula por haber mantenido, dijo, una relación "sentimental" con González.

El escrito de querella ponía de relieve que lo que se había producido "no era tanto el legítimo ejercicio del derecho de defensa, sino un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria", han recordado las mismas fuentes.

Las manifestaciones de Granados, según señalaba la querella admitida ahora a trámite, respondían también al tipo penal de la calumnia, al pretender relacionarla con actuaciones delictivas de financiación irregular, agravándose la misma al haberse realizado con publicidad.

A todo ello sumaba la querella el delito contra la integridad moral, al suponer estas declaraciones "un ataque de carácter personal, desconectado de cualquier interés procesal, que conllevaba una ofensa directa y gratuita contra la dignidad de Cristina Cifuentes".