El Constitucional echa un jarro de agua fría las prisas de Sánchez y Rivera

El horrendo asesinato del niño Gabriel Cruz a manos presuntamente de la novia de su padre ha convertido en imprescindible la reacción de dos instituciones del Estado: por una parte el Pleno del Congreso de los Diputados y, por otra, el del Tribunal Constitucional.

El primero tiene que pronunciarse el jueves sobre la Proposición no de Ley que en octubre pasado articuló el PNV con el auxilio del PSOE y de Podemos para derogar la prisión permanente revisable aprobada por el PP en solitario en 2015; el segundo, lleva exactamente dos años estudiando si lo mantenido por el Gobierno de Rajoy, entonces con mayoría absoluta, se compadece con nuestra Norma Suprema.

La disputa política que se preparaba para el jueves parece haberse amainado tras el horror que siente España entera al ir conociendo los brutales detalles del asesinato del niño Gabriel.

Existe mayor expectación sobre lo que puede hacer el Constitucional que sobre lo que debate el Congreso de los Diputados. Uno de los partidos que ha apoyado la derogación de la Ley, el Socialista, se está empeñando en las últimas horas en aclarar que lo que se discute este jueves “no es la derogación de la Ley”, sino las enmiendas presentadas por el Partido Popular y por Ciudadanos.

Unas, las del partido de Rajoy, pretenden que se amplíen los supuestos que marca la prisión permanente, por ejemplo, el empecinamiento de los criminales que han matado a una presiona en ocultar el cadáver; otras, las de Ciudadanos, tratan de endurecer los beneficios penitenciarios a los que ahora se pueden acoger los penados.

La posición de Ciudadanos es en realidad una enmienda a la totalidad que, en su opinión, prevalece sobre las parciales del PP porque fue presentada antes. Los populares no coinciden en esta apreciación y pretenden que se discutan todas las propuestas en el Pleno. Ya se ve que desgraciadamente el crimen del niño Gabriel no ha logrado concordar las opiniones legislativas de ambas formaciones políticas.

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el pasado 9 de febrero presentando la ampliación de la prisión permanente a nuevos delitos.

Pero, no hay que engañarse, lo principal en este delicado asunto es lo que en su momento proclame el Tribunal Constitucional al que se acogen tanto Ciudadanos como ahora mismo el PSOE para apoyar o no la derogación de la Ley. No hay en este momento noticia alguna de confianza que indique cuál será la decisión del TC, ni tampoco en qué momento la anunciará, pero sí existe una enorme presión social para que la sentencia se anuncie a la mayor brevedad.

Desde los partidos, y sobre todo de los que pretenden apoyarse en lo que suscriban los magistrados de la institución constitucional, se urge a que el pronunciamiento no se retrase más tiempo, y es que, como dice una acreditada fuente socialista: “Si se han dado prisa en otros temas, ¿qué les impide hacerlo en este que está produciendo una enorme conmoción social?”.

No parece sin embargo que el citado Tribunal sufra las misma apreturas de tiempo que los partidos porque también como insinúa, un portavoz oficioso de esta entidad: “El Constitucional no está para ajustarse a las premuras de los partidos, sino para tomar posición sobre temas que se les plantean”.

En todo caso, el crimen del niño almeriense y la campaña de concienciación que han venido realizando los padres de Marta del Castillo y de Diana Quer ha provocado una descomunal controversia nacional, hasta el punto de que ya ningún partido salvo Podemos, que se resiste a matizar sus posiciones, desea mojarse en la derogación de la Ley que presentó el PNV, un partido con toda que basó en su día la Proposición en la estrategia de acercarse al mundo radicalmente abertzale de los presos etarras.

“El Constitucional no está para ajustarse a las premuras de los partidos, sino para tomar posición sobre temas que se les plantean”, dicen en el órgano judicial cuando se les apremia sobre este asunto.

A estas alturas, con la sangre del niño asesinado bien reciente, es muy posible que el PNV hubiera querido retraerse de su postura inicial, pero ya es tarde para el partido de Urkullu que, como se puede suponer, tiene exigencias políticas muy concretas en el País Vasco.

El PSOE por su parte se está ocupando en las últimas horas de insistir en que lo que se vota el jueves en el Parlamento no es la derogación de la Ley sino las enmiendas del PP y de Ciudadanos. Es más, la portavoz, Margarita Robles, recalca que la Ley seguirá vigente hasta tanto no hay decisión del Constitucional, y añade que en todo caso su partido no apoyará las enmiendas de sus contrincantes políticos y que desde luego aceptará lo que afirme el TC, y a este respecto, finaliza: “…y que lo haga cuanto antes”.

Los partidos pues están tratando de no patinar en el tratamiento de este tremendo asunto, aunque algún portavoz de Ciudadanos haya metido la pata hasta el corvejón señalando que no se puede legislar “al compás de la actualidad”, o sea con el consabido “en caliente”.

Pues bien: la sociedad española lo que exigen en estos momentos es exactamente lo contrario que sus representantes políticos escuchen el clamor de la sociedad se avengan a ofrecer soluciones para los dramáticos problemas que suceden en la convivencia nacional.

Carlos Carrizosa hubiera estado más fino si se hubiera ajustado a lo que dice la dirección de su partido que ha virado su primera postura de abstención para la propuesta del PNV, y ahora, como hemos explicado pretende incluso agravar las condiciones exigidas para los beneficios penitenciarios.

Sánchez por su parte en el PSOE se aviene a lo que dicta la citada Margarita Robles pero recuerda que la derogación de la Ley del PP de 2015 figuraba en los acuerdos suscritos entre el propio Rivera y Sánchez. “Que no nos vengan ahora con otras monsergas”, replican en el PSOE.

En todo caso la disputa política parece haberse amainado tras el horror que siente España entera al ir conociendo los brutales detalles del asesinato del niño Gabriel.

Los padres de Marta del Castillo y Diana Quer, también la madre de Gabriel, han pedido a los responsables de las formaciones parlamentarias que, por favor, no se enzarcen en una trifulca que podría ennegrecer la gravedad social y personal de un drama que afecta directamente a quienes, por lo demás, denuncias, como es el caso de los señalados anteriormente, la escasa proporcionalidad que existe entre los delitos cometidos y las penas a que se condena a los criminales.

En este sentido, y si los partidos aceptan la recomendación que se les hace, el debate en el Pleno del jueves, no se convertirá en un rifirrafe partidista que probablemente avergonzaría en las actuales circunstancias a la entera sociedad española.