Rajoy echa un jarro de agua fría al independentismo y borra la sonrisa a Turull

La intención del independentismo de investir este jueves a Jordi Turull -o el sábado con mayoría simple si la CUP no apoya su candidatura en este primer pleno- ha puesto a trabajar a la maquinaria del Estado, con la vista puesta también en la cita que el presidenciable de JxCat y ERC tiene el viernes en el despacho del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Por el momento, el Palacio de La Moncloa ya ha hecho llegar un mensaje rotundo a los secesionistas: el artículo 155 no se desactivará en el momento en que Turull sea elegido presidente de la Generalitat. Rajoy solamente revocará el mecanismo constitucional que tiene intervenida Cataluña hasta que se forme un nuevo Govern y se confirme que su proyecto para la legislatura "se ajusta a la ley".

Pero, además, a Carles Puigdemont y los cerebros de este nuevo plan C improvisado a última hora de la noche del miércoles le va a surgir otro obstáculo legal. La ley y el Estatuto de Cataluña establecen que el nombramiento de Turull sea publicado por el BOE y refrendado con la firma del Rey Felipe VI. Eso sí, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha admitido este jueves, en declaraciones a Onda Cero, que el Monarca suscribirá el nombramiento dado que sobre Turull no recae aún una sentencia firme.

"En el que caso de que se celebre el pleno, en el caso de que el señor Turull reciba la confianza del Parlamento para su nombramiento como presidente de la Generalitat faltan requisitos formales, falta el nombramiento por parte de su el Rey, falta la publicación en el BOE y después se tendría que designar a sus consejeros que tendrían a su vez que ser nombrados, tomar posesión", ha explicado Catalá. Y sobre el papel de Rey, ha añadido: "Podría pasar, tengamos en cuenta que los actos del Rey son actos debidos, actos formales. No es que a él le parezca bien, es que tiene que ratificar este nombramiento".

"Ese es el momento, cuando ya hay un Gobierno no un presidente, cuando podríamos plantear el decaimiento de las medidas del artículo 155, pero hasta entonces en mi opinión siguen absolutamente vigentes porque no es un medida asociada con un presidente de la Generalitat sino con un gobierno que fue destituido porque hubo un incumplimiento grave de sus funciones", ha apostillado.

El Rey Felipe debe ratificar con su firma el decreto de nombramiento de Jordi Turull como presidente de la Generalitat.

Sin embargo, son muchos los juristas -ya sucedió en el primer intento de investidura de Puigdemont- que han abierto el debate sobre el hecho de que el Jefe del Estado tenga que avalar el nombramiento de un presidente autonómico que va a estar desde este mismo viernes procesado por los graves delitos de rebelión y sedición. Y es que este es un escenario sin precedentes en nuestro país.

Tal vez poniéndose la venda antes que la herida, el propio presidente del Parlament, Roger Torrent, ha advertido en Catalunya Radio de que "no entendería" que el Rey no firmase el nombramiento de Turull como presidente si sale elegido por un Parlamento democrático. Obviando, eso sí, los graves problemas que este tiene con la Justicia.

Precisamente por el horizonte judicial de candidato, Ciudadanos ha registrado en la Cámara catalana un escrito a la Mesa para la “urgente desconvocatoria” del pleno. El partido de Inés Arrimadas argumenta que la "manifiesta inidoneidad del candidato". La mayoría independentista ha tumbado la iniciativa.

La propia Arrimadas ha asegurado que el objetivo del independentismo no es investir al nuevo presidente de la Generalitat sino "enfrentar a la Cámara catalana con el Gobierno de España y el Poder Judicial".

En este mismo sentido, el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha advertido de que Cataluña no puede "someterse al riesgo" de que sea inhabilitado su nuevo presidente, que sería un "golpe muy duro" a su estabilidad y a la credibilidad de sus instituciones.

Bermúdez de Castro, que es el responsable de la aplicación del 155, ha insistido en el Senado en que el candidato a dirigir la Generalitat "debe estar libre de procesos judiciales" ya que debe dedicarse a esa actividad sin cargas que "lastren su labor" y ha considerado la decisión de Torrent como un paso más en la estrategia del independentismo de confrontar con el Estado.

Mientras llega la hora del polémico pleno -que se augura de nuevo bronco y caótico-, los principales líderes de Junts per Catalunya y de ERC se afanan en presionar a la CUP para que al menos dos de sus cuatro parlamentarios voten a favor de Turull.

La presidenta del Grupo Parlamentario del partido de Puigdemont, Elsa Artadi, ha advertido que si la CUP no da apoyo a Jordi Turull, "no hay tiempo para que Puigdemont y Comín renuncien al acta" para un segundo pleno de investidura que se celebraría el sábado. "Sería materialmente imposible", ha añadido.

Pero el partido antisistema, que tiene previsto anunciar el sentido de su voto dos horas antes del inicio del debate en el Parlament, exige un órdago de máximos al Estado, al Constitucional y al Supremo.

Su portavoz, Carles Riera, ha enviado ese mensaje tan contundente a JxCAT y Esquerra llamando de nuevo a la desobediencia: "Si a nuestra reunión llegamos a un acuerdo nítidamente republicano y hay una decisión de no seguir reculando ante la represión y la imposición de los tribunales, será mucho más fácil que el consejo político pueda modificar la posición".