Puig y Oltra entran en pánico: un juez de Madrid investiga la "Gürtel del PSOE"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, parece noqueado ante las nuevas revelaciones -ya en manos de varios juzgados de Madrid y Benidorm- sobre la presunta financiación irregular del PSPV durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y de Joan Ignasi PlA, al frente del socialismo valenciano.

Puig reunió este martes a su núcleo duro para analizar la delicada situación de su partido, que se une a la investigación que también afecta al Bloc y varios escándalos que sacuden a Compromís. Y, mientras, Ferraz observa con preocupación un nuevo frente abierto, que se une al desarrollo del juicio por los ERE fraudulentos de Andalucía, en el que está previsto que esta semana declaren los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Pese al silencio, sobre la mesa del secretario de Organización, José Luis Ábalos -miembro del PSPV-, están la supuesta Gürtel de la izquierda, que tiene como protagonista a la agencia de comunicación Crespo Gomar, proveedora de las campañas del PSOE y el Bloq en 2007.

Pese a que los supuestos delitos de financiación ilegal han prescrito, la juez de Valencia ha remitido en las últimas horas a dos juzgados de Madrid, uno de Gandía y otro de Benidorm, informes policiales que demostrarían que los socialistas usaron un sistema de facturación falsa. El problema para Puig y su socia de gobierno es que desconocen el alcance de esta supuesta trama.

José Luis Rodríguez Zapatero y Leire Pajín, en un mitin del PSOE valenciano.

Un sistema que afectaría además a varios ministerios del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La rama radicada en Benidorm salpica de lleno a su exministra de Sanidad, Leire Pajín, cuya familia es un poder fáctico en el socialismo de aquella localidad.

Y aunque los hechos se remontan hasta hace diez años, el propio Puig es uno de los principales afectados. Plá pertenece al círculo de exdirigentes que asesora al actual presidente. Otro de sus más cercanos, José Manuel Orengo, era alcalde de Gandía cuando este ayuntamiento contrató con la consultora investigada.

Y, además, sobre el PSVP planea la dimisión en diferido del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, procesado por un juez por fraccionamiento de contratos y por el despido de una trabajadora municipal familiar del portavoz del PP.

Tanto el Consell como Ferraz están ahora pendientes de los próximos pasos del juzgado de Madrid que puede dar proximanente malas noticias a los socialistas. Y todo en la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2019.