Varapalo de la Audiencia de Sevilla a la juez de los EREs por su instrucción
El tribunal superior tumba el cierre prematuro de cuatro investigaciones y afea a María Núnez Bolaños que haya calificado de "víctimas" a los llamados "intrusos" del fraude millonario.
La juez que instruye el caso de los EREs de Andalucía.
Que la instrucción que la juez María Núñez Bolaños está llevando a cabo en la macrocausa de los EREs fraudulentos de la Junta de Andalucía es como poco errática, es dominio público en Andalucía. Y que la magistrada ha encontrado en la Fiscalía Anticorrupción a su mayor crítico, también.
Pero ahora es desde sus propios ámbitos superiores desde donde Núnez Bolaños ha recibido un varapalo de incuestionable importancia para el futuro de una investigación que afecta al núcleo duro de dirigentes del PSOE en las últimas cuatro décadas.
En concreto, ha sido la Audiencia Provincial de Sevilla la que en las últimas horas ha revocado cuatro autos de archivo dictados por la polémica magistrada, que afectan en concreto a tres antiguos directivos de un hotel de la familia Ruiz-Mateos y a dos "intrusos", es decir, personas que cobraron ayudas de la Junta de Andalucía para financiar su prejubilación en empresas donde no habían trabajado nunca.
Núñez Bolaños, que relevó a la juez Mercedes Alaya al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, los había desimputado argumentando que durante la investigación de los ERE fueron imputadas personas que, "lejos de poder ser consideradas delincuentes, podrían ser consideradas víctimas".
Sin embargo, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha desmontado uno a uno los argumentos de la juez. Argumenta que, como mínimo, los intrusos pudieron cometer un delito de estafa a la Junta de Andalucía al no estar justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada. Por todo ello, pide a la juez que prosiga con la investigación.
Los magistrados afean además a la juez Bolaños que haya "olvidado" la clave de la investigación que lleva a cabo: "la ilegal tramitación y concesión de ayudas públicas para el abono a los trabajadores del dinero apalabrado en un expediente de regulación de empleo".
En otra pieza separada de la macrocausa de los ERE irregulares que afecta al hotel Cervantes de Torremolinos, la Audiencia revoca también el sobreseimiento decretado por la instructora respecto tres excargos del hotel: el exdirector Miguel Rodríguez Ortega, el administrador Carlos Miranda y el director financiero Antonio Isla Barba, quien habría recomendado a uno de los intrusos para entrar en el ERE, según informa el diario ABC.
La Audiencia de Sevilla sostiene que fue necesaria su colaboración para que "los tan citados trabajadores intrusos cobraran espuriamente dinero público sin estar justificada su inclusión en la plantilla de la empresa subvencionada".
