Plan B: el revés de la Justicia alemana aboca a Llarena a retirar la euroorden

Un grave contratiempo para el juez Pablo Llarena y para la arquitectura judicial diseñada para hacer frente desde el Tribunal Supremo al golpe de Estado del independentismo contra España y contra la Constitución. Y es que el juez se ha topado este jueves con los tres magistrados de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que han echado un jarro de agua fría a la hoja de ruta de Llarena para juzgar por rebelión a todos los implicados en el procés.

Tanto, que fuentes jurídicas dan por hecho que el magistrado -como ya hizo con Bélgica cuando asumió la instrucción- va a revocar en las próximas horas la euroorden tramitada a Berlín. De hecho, en varios autos, el propio Llarena ha defendido el carácter "unificado" de su causa. También La Moncloa redunda en esta tesis: "El Gobierno está convencido de que la Justicia española adoptará las medidas más adecuadas para velar por el cumplimiento de las leyes de nuestro país".

Pese a que la Fiscalía alemana había dado su apoyo a la extradición del expresidente fugado, en la vista que tuvo lugar este pasado martes, los jueces creen que el delito de rebelión no tiene su tipificación en el Código Penal germano. El más parecido, el de alta traición, requiere de una violencia armada y mucho más elevada que la registrada antes y durante el referéndum ilegal del 1-O.

La colaboración entre ambos gobiernos ha funcionado desde la detención de Puigdemont, así como la unidad de criterio entre ambos ministerios públicos. Pero la independencia de criterio del tribunal ha pesado en el desenlace final. También la justicia belga dejó este jueves en libertad a los exconsejeros huidos allí: Meritxell Serret, Toni Comín y Luis Puig.

Y tras este mazazo judicial, ¿Cuál es el escenario que ahora se abre en el Supremo? El comunicado de la Audiencia de Schleswig-Holstein deja claras dos cosas: que no hay "persecución política" contra Puigdemont en España y que existen serios indicios de que Puigdemont ha cometido un delito de "corrupción", el equivalente a la malversación de fondos públicos que le atribuye Llarena.

De esta forma, de ser extraditado en estas condiciones a España el expresidente catalán no podría ser juzgado aquí por rebelión, lo que abocaría a un juicio de dos velocidades. Todos los procesados serían juzgados por ese delito pero el líder de la trama, no. Improbable. Por ello, es muy previsible que el magistrado deje sin efecto la euroorden tras recibir el literal de la resolución judicial alemana.

El juez Pablo Llarena, tiene sobre su mesa una complicada encrucijada judicial.

Cabe recordar que el Código Penal establece penas muy distintas para los delitos de rebelión y malversación. El primero contempla de 25 a 30 años de cárcel. El segundo, de 4 a 8. Además, si Puigdemont hubiese sido extraditado por rebelión, hubiera quedado inhabilitado en el momento en que el auto de procesamiento fuese firme.

La segunda derivada que el vuelco dado por la Justicia alemana ha provocado es la política. Este mismo jueves, Puigdemont había forzado la renuncia a la investidura de Jordi Turull para volver a proponer al presidente de la ANC, Jordi Sánchez. Queda saber que aprovechamiento mediático hace el indepentismo de la nueva situación procesal de su jefe de filas. Algunas pistas hay ya:

Caos sobre caos, tres magistrados de la región de Holstein han dado un nuevo giro a un guión que no deja de deparar sorpresas. Y es que como ha subrayado el ministro de Justicia, Rafael Catalá, tras conocer la decisión llegada de Alemania, esta es "una manifestación de la justicia con independencia".