Tensión: gran enfado en el Gobierno por el golpe bajo de una ministra de Merkel
La titular de Justicia germana se ha saltado a la torera el pacto no escrito entre Madrid y Berlín de no valorar la extradición de Puigdemont. Y ello ha desatado una tormenta política.
Era cuestión de tiempo que la decisión del tribunal regional de Schleswig-Holstein, recibida como un auténtico mazazo en La Moncloa y en el Tribunal Supremo, acabara emponzoñando las relaciones entre los gobiernos de España y Alemania.
Y eso ha ocurrido después de unas polémicas declaraciones de la ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, defendiendo la actuación de los jueces que han rechazado la causa de rebelión sobre Carles Puigdemont.
En declaraciones a un medio alemán, Barley no sólo ha calificado la decisión de "absolutamente correcta", sino que ha insinuado que España deberá hacérselo mirar.
Sus declaraciones han provocado un notable enfado en el Gobierno, además de cierto desconcierto. No en vano, y según señalan a ESdiario fuentes de la Presidencia, hasta ahora el Ejecutivo alemán se ha comportado de forma "exquisita", dejando que fueran los jueces quienes hablaran. Lo mismo que el Ejecutivo español. Era una especie de pacto no escrito entre Madrid y Berlín.
De hecho este viernes la viceportavoz de Angela Merkel, Ulrike Demmer, había insistido en esta línea: "No hay nada nuevo que se pueda decir sobre el tema, se trata de un caso que está en manos de la Justicia", destacó. Hasta que llegó su compañera de Justicia. Socialdemócrata, no es un detalle menor.
Ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, el encargado de verbalizar el malestar del Ejecutivo durante la Convención del PP en Sevilla. "Esas declaraciones me parecen un tanto desafortunadas porque las euroórdenes se establecieron en la Unión Europea para abordar estas cuestiones entre jueces, y separando de las opiniones políticas. Entrar a comentar las decisiones de los jueces no nos parece lo más apropiado en este momento", ha señalado este sábado.
No obstante Rajoy no ha querido llevar la polémica más allá y se ha limitado a afirmar: "El Gobierno ha asumido su responsabilidad, que es poner en marcha el artículo 155. A partir de ahora es necesario que se forme un Gobierno en Cataluña que necesita un candidato viable. A partir de ahí lo demás son decisiones judiciales. Las decisiones judiciales se cumplen y se acatan, tanto las de los tribunales españoles como del resto (...). Son temas en los que el Gobierno no debe entrar".
El Ejecutivo aún confía en que este golpe de la Justicia alemana a la causa del procés no sea definitivo. El Tribunal Supremo está estudiando cómo reconducir la situación, y la opción más probable es que el juez Pablo Llarena presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Tanto el Supremo como la Fiscalía -y asimismo el Gobierno en privado- creen que los magistrados del tribunal de Schleswig-Holstein se han extralimitado al entrar a valorar el delito de rebelión.