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Llarena da un repaso genial a Torrent en un auto que tumba su última provocación

Crecido, el independentismo había puesto una nueva encerrona al instructor de la causa contra el procés. El magistrado deja en la cárcel a Jordi Sánchez y Torrent suspende el pleno.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, este jueves en una entrevista en la SER.

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Tampoco será a la cuarta. El cuarto pleno de investidura del próximo presidente de la Generalitat, para el que Roger Torrent había propuesto a Jordi Sánchez, no se celebrará este viernes en el Parlament. Y eso que Torrent había declarado a primera hora -en una entrevista en el Hoy por Hoy de la SER- que no contemplaba otro escenario posible que la investidura del encarcelado expresidente de la ANC.

Y es que el independentismo anda estos días crecido por dos hechos consecutivos que han supuesto un varapalo para La Moncloa: el informe de la ONU que exige que se garanticen los "derechos políticos" de Sánchez, y la negativa de la Justicia alemana a extraditar por rebelión a Carles Puigdemont.

Pero para forzar la investidura viable de Sánchez, Torrent precisaba que el Tribunal Supremo permitiera su salida de la cárcel este viernes o que, al menos, pudiera pronunciar su discurso a través de videoconferencia, como había exigido el presidente del Parlament.

Sin embargo, el juez Pablo Llarena ha vuelto a rechazar la excarcelación o la concesión de un permiso penitenciario a Sánchez, al considerar que "su eventual mandato pueda orientarse hacia el quebranto del orden constitucional".

El magistrado explica en un auto con fecha de este jueves que es conveniente "sobreponer la protección de unos derechos políticos colectivos, sobre un liderazgo que, por su ejercicio delictivo, suponga una restricción parcial del derecho reconocido al procesado en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

El magistrado instructor le recuerda a Jordi Sànchez, tal y como ha hecho en autos anteriores, que tiene una limitación "parcial" del ejercicio en sus derechos políticos, ya que no ha sido privado de su derecho a presentarse a unas elecciones, ni de su derecho a ejercer el voto en su actuación parlamentaria.

No obstante, hace hincapié en que no dejarle asistir al pleno de investidura está "plenamente justificado" porque habría "graves consecuencias" si éste volviese a reincidir "respecto de los principios y derechos constitucionales y políticos de todos los ciudadanos españoles y de aquellos que constituyen el propio cuerpo electoral en Cataluña".

Por otra parte, el juez señala que la petición de Sànchez ya está resuelta y que la única novedad que hay con respecto a hace un mes es la comunicación que registró el procesado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 21 marzo y en la que ha apoyado su petición recordando que la institución le instó a acordar unas medidas cautelares que garantizasen sus derechos políticos mientras se resuelve dicha queja.

Al respecto, el juez subraya que el Comité puede emitir dictámenes y recomendaciones pero que el hecho de que haya hecho "una indicación concreta" no es vinculante para el tribunal y que "ni siquiera osa sugerir" que las medidas cautelares que pesen sobre el procesado y que garanticen esos derechos "deba pasar por la adopción de alguna de las decisiones" que Sànchez solicita.

Tras el auto de Llarena, Torrent ha anunciado que aplaza el debate de investidura. En un comunicado de la Cámara, ha lamentado la "vulneración de derechos" por parte del tribunal, y ha defendido que debería haber permitido a Sànchez estar en la Cámara en virtud de la resolución de marzo del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Torrent también ha anunciado la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Mesa del Parlamen a las 10.30 horas de este viernes para "dar respuesta" a la decisión del Supremo. Fuentes de la Cámara han adelantado que propondrá que el Parlament se querelle contra el juez Llarena por prevaricación.

Y mientras el tiempo corre hacia la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña, Puigdemont ha citado este próximo lunes en Berlín a los diputados de Junts per Catalunya para imponer de nuevo su propia candidatura a la investidura. Un nuevo requiebro que demuestra que la guerra larvada que mantienen JxCAT, Esquerra y la CUP parece irreconciliable. Y que el 155 se va a prolongar unos meses más.

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