La Fiscalía no se fía del excomisario Villarejo e impide su salida de la cárcel
El que fuera supercomisario de Policía, ya jubilado, lleva en prisión desde noviembre por graves delitos de corrupción. Quería salir ya pero el fiscal lo tiene claro y seguirá encarcelado.
El excomisario Villarejo, encarcelado por sus manejos en la Policía.
El excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, seguirá en prisión, en la que se encuentra desde noviembre pasado tras su detención en la operación Tandem, que le vincula con gravísimos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.
El conocido como supercomisario de las cloacas había recurrido su prisión para pedir al magistrado de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, que le permitiera salir de la cárcel, justo cuando se cumplen cinco meses desde que el juez decretara prisión provisional contra él.
Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso, según han confirmado este martes fuentes del Ministerio Público. Una posición que llega después de que también la Sala de lo Penal de la Audiencia le negase a Villarejo su excarcelación, a principios del mes de marzo.
Tanto Villarejo como el que fue comisario jefe de Barajas, Carlos Salamanca, ingresaron por orden de la juez Carmen Lamela en el marco de la citada operación Tándem, que investiga su integración en una presunta trama con la que se habrían lucrado con servicios especializados de inteligencia y facilitado la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio español.
Una de las últimas diligencias acordadas por el magistrado en la causa fue la citación de Salamanca, en libertad desde comienzos de marzo, después de que Anticorrupción solicitase que se crease una pieza separada para la instrucción y posterior enjuiciamiento de los hechos relacionados con el delito de cohecho ante la existencia de "actividades ilícitas".
La operación Tándem fue iniciada por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y tiene como objetivo el desmantelamiento de una organización criminal que pretendía la "reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios".
Según la Fiscalía Anticorrupción, los detenidos se prevalecían de las funciones propias de sus respectivos cargos policiales, "especialmente sensibles para la seguridad nacional", con la intención de recibir "elevadas sumas de dinero así como regalos suntuarios diversos, a cambio de la prestación de servicios especializados de inteligencia y de facilitar la entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios en territorio nacional.