Una reunión secreta entre Don Juan Carlos y Rajoy "envía" a Urdangarin a prisión

"No sólo no se puede salvar a Iñaki Urdangarin sino que no se debe. No puede ocurrir que se ponga en riesgo el Estado por intentar librarle. Las evidencias son abrumadoras y las instituciones sufrirían un daño irreparable". Este razonamiento, así lo revela LOC este sábado, fue expuesto y compartido en La Zarzuela en febrero de 2012, cuando las máximas autoridades españolas se reunieron en secreto para abordar el riesgo de la institución como consecuencia del caso Urdangarin y la necesidad de salvar por todos los medios a la Infanta Cristina.

Aquellas palabras fueron cruzadas en presencia, entre otros, del Rey Juan Carlos, el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce y el ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón en una cita que desveló en exclusiva este periódico. Pese al tiempo transcurrido, hace ya seis años de aquello, los argumentos gozan hoy de plena vigencia.

Aquel gabinete de crisis al más alto nivel se puso en marcha al conocerse la petición de Manos Limpias para que Cristina de Borbón declarase como imputada y se abordó la situación de la Infanta, pero también y, en detalle, la del propio Urdangarin. Torres Dulce acudió al encuentro con un informe minucioso del fiscal Pedro Horrach en el que ya por aquel entonces le avanzaba que las pruebas de que se había apropiado irregularmente de fondos públicos eran abrumadoras y que formularía un demoledor escrito de acusación para que fuera a la cárcel.

El ex máximo responsable del Ministerio Público puso sobre la mesa la cuestión, se acordó que no había nada que hacer.

Prosigue la información asegurando que Urdangarin está abandonado por el convencimiento institucional de que una operación de salvamento in extremis al ex duque de Palma resquebrajaría los pilares del Estado de Derecho y seguro de que al Rey Felipe y a la Reina Letizia no les conviene en estos momentos otra cosa que no sea su inmediato ingreso en la cárcel.

De ahí que quien fuera presidente del Instituto Nóos aguarde lo que considera un desenlace inevitable asumiendo que el Alto Tribunal le enviará a prisión y confirmará en lo sustancial la sentencia dictada por la Audiencia de Palma. No contempla otro escenario por mucho que su abogado e íntimo amigo Mario Pascual Vives se empeñe en reiterar exactamente lo contrario en sus extravagantes comparecencias públicas.

Mientras tanto los magistrados encargados de dictar la sentencia, Manuel Marchena, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo, se han juramentado para que no se produzca la más mínima filtración del fallo.

Llegando a calificar el acuerdo de los jueces fuentes próximas a los mismos como "protocolo de especial protección". Sólo han desvelado a su círculo más íntimo que el borrador del fallo está prácticamente listo, queda rematarlo y que será leído por todos y cada uno de ellos en breve.

Urdangarin intenta aplacar en Suiza su impotencia ante lo irremediable culpando con dureza entre sus más allegados a la primera institución del Estado de no haber hecho lo suficiente para ahorrarle este trance. Él sigue convencido, o así lo expresa con rotundidad, pese al reguero de evidencias que dejó tras de sí, que su implicación en el caso Nóos pudo haber tenido y tendría todavía solución si la Jefatura del Estado se hubiera empleado con la misma determinación que lo hizo con su esposa.

Es más, entre sus críticas a la institución se encuentra el recordatorio de que "la Casa Real estaba al tanto de todo" y de que no llevó a cabo ningún movimiento sin que tuviera conocimiento del mismo a través de Carlos García Revenga, entonces secretario personal de las Infantas y tesorero de Nóos.