La Audiencia imputa a Gallardón tras cerrar el círculo del fraude en el Canal

Sorprendentemente, pese a haber ocupado el núcleo del poder autónomico y municipal madrileño durante casi tres décadas, Alberto Ruiz-Gallardón, había salido airoso de la larga lista de casos judiciales que salpican al PP de Madrid, y de algunas de las operaciones más oscuras que rodean a una de las empresas públicas más señeras de la región, como el Canal de Isabel II. Hasta este jueves.

El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón ha decidido imputar a Gallardón, a su mano derecha durante toda su carrera política, Manuel Cobo, y su exconsejero Carlos Mayor Oreja. Era el lógico movimiento de ficha ya que hace meses, el juez ya había hecho lo propio con varios de los colaboradores más próximos del expresidente madrileño, exalcalde de la capital y ex ministro de Justicia. Y eterno "exaspirante a todo" en el PP.

El juez ve evidente "la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana", ya que se hizo de una forma distinta a la autorizada, ya que en vez de hacerlo de forma directa se empleó la panameña Aguas de América SA, sociedad radicada en un paraíso fiscal.

En el punto de mira del magistrado está el presunto desfalco del Canal y, en concreto, la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte de la empresa pública madrileña del agua. El magistrado ha citado también como investigados los días 5 y 6 de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y ex presidente del Canal y al ex consejero de Presidencia en aquella etapa, Manuel Cobo. Gallardón lo hará el día 7.

Los hechos investigados se refieren a la compra del 75% de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, en 2001, por 73 millones de dólares (61,6 millones de euros al cambio actual). El 29 de noviembre de 2001 se celebró un consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid en el que se autorizó la compra de la citada empresa.

La imputación de Gallardón era lógica siguiendo la cronología de la instrucción del juez. El pasado 27 de diciembre, el juez de apoyo a García Castellón, Diego Egea, decidió la imputación de parte de su equipo, entre ellos Juan Bravo y Pedro Calvo, dos de sus más estrechos colaboradores tanto en la Puerta del Sol como, posteriormente, en el Palacio de Cibeles.

Manuel Cobo y Alberto Ruiz Gallardón, tres décadas en el centro de poder de Madrid, tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento.

Además de Bravo y Calvo, están imputados los miembros del consejo de administración del Canal que asistieron a la reunión del 14 de noviembre de 2001 que aprobó la compra de Inassa y votaron a favor: Ignacio López-Galiacho, Juan María del Álamo, Fernando Autrán, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri, José Manuel Herrero, José Antonio Llanos, Roberto Molero, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos, Miguel Ángel Saldaña y Roberto Sanz Pinacho.

La decisión de García Castellón se produce tras su regreso de una comisión rogatoria -junto a la fiscal del caso, Ana Cuenca- a Colombia y Panamá, un viaje del que ambos han regresado con nueva y relevante documentación sobre la supuesta compra fraudulenta de Inassa, según fuentes jurídicas. En la comisión de investigación abierta en la Asamblea por ese caso, Gallardón afirmó que la compra de la filial colombiana fue "ética y ajustada a derecho".

Gallardón ha salido indemne hasta ahora de algunos de los casos de corrupción que salpican a sus antecesores en el cargo. Sí se le relacionó en su día con el caso Malaya, por su supuesta vinculación con Monserrat Corulla, testaferro del cerebro de aquel fraude multimillonario radicado en Marbella, José Antonio Roca.