Anna Gabriel toca fondo: se le acabó el chollo de vivir en Suiza sin dar golpe
La exportavoz de la CUP no encuentra trabajo en Ginebra, vive de la "generosidad" de amigos y ha agotado los tres meses que, legalmente, podía vivir en el país sin tener oficio ni beneficio.
Anna Gabriel ha agotado el plazo de 3 meses que podía estar en Suiza sin oficio ni beneficio.
Tic, tac. El reloj corre para Anna Gabriel. Este domingo, a la exportavoz de la CUP le sonará la bocina: se cumplen tres meses desde que huyó a Suiza, el tiempo máximo que las autoridades suizas permiten a los ciudadanos de la UE estar en su país sin oficio ni beneficio.
Dado que Suiza ya deslizó que no veía probable conceder el asilo político a Gabriel aunque ésta lo solicitara, la cupera tiene un problema. Uno serio si quiere seguir viviendo en uno de los países con mayor renta per cápita del mundo.
Para quedarse, Gabriel necesita un permiso de residencia e inscribirse en el registro municipal correspondiente, el de Ginebra en este caso.
Y para ambas cosas necesita acreditar que tiene trabajo o, como poco, "medios financieros suficientes para no tener que recurrir a la asistencia social durante su estancia", según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Gabriel no tiene ni lo uno ni lo otro. Esperaba encontrar un empleo en la universidad, pero no ha habido manera. Y, según ella mismo declaró hace unos días al diario Libération, vive gracias a la "generosidad" de algunos amigos catalanes y suizos.
Ellos son, según la exportavoz de la CUP, los que hacen que pueda alojarse en una de las zonas más exclusivas de Ginebra, donde los alquileres no bajan de los 5.000 euros mensuales y llegan a los 10.000.
Se ve que las colectas realizadas por la CUP para recaudar fondos para Anna Gabriel no dan para mucho. La semana que viene sus compañeros han organizado otra, en este caso a través de una cena solidaria al módico precio de 15 euros. Para los niños, 8.
En cualquier caso, siempre no logra convencer a las autoridades suizas para quedarse, siempre puede volver a España. Eso sí, cuando en febrero decidió plantar al juez Pablo Llarena, el Tribunal Supremo dictó contra ella una orden de detención nacional (que no una orden europea de búsqueda y captura). Así que en cuanto ponga un pie aquí ya sabe lo que toca.