Desafío: Torra impone sueldazo público a los presos y a los huidos Puig y Comin

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha cerrado la constitución del Govern con la restitución de los consellers presos Josep Rull y Jordi Turull, así como Lluís Puig y Toni Comín, huidos de la acción de la Justicia española.

Torra ha firmado el decreto de nombramiento que también contempla que Pere Aragonès asumirá la conselleria de Economía y Hacienda y Elsa Artadi será portavoz del Govern y consellera de Empresa.

El decreto firmado por Torra estructura el nuevo Govern en 14 departamentos. Además de Aragonès otros consellers de ERC serán Ernest Maragall en Acción Exterior; Teresa Jordà en Agricultura; Ester Capella en Justicia; Chakir El Homrani en Trabajo y Josep Bargalló en Enseñanza. Comin repetirá la cartera de Sanidad.

Por Junts Per Catalunya están Elsa Artadi en Empresa y Conocimiento, además de Portavoz; Miquel Buch en Interior, Jordi Puigneró en Políticas Digitales y Administración Pública además de Turull en Presidencia, Rull en Territorio y Puig en Cultura.

Los consellers tomarán posesión en un acto el miércoles que viene,según ha informado el Departament de Presidència en un comunicado.

Con esta decisión, Torra desafía de nuevo al Estado y pone un importante sueldo público a los presos del procés y a los huidos que, si no se suben el sueldo, pasarán a cobrar lo estipulado en la legislatura anterior, esto es 110.759 euros anuales, 30.000 euros más que Rajoy.

Nada más conocer su designación, Josep Rull, ha aceptado su nombramiento para "ser consecuente y leal" a su compromiso con la ciudadanía de Cataluña. En una publicación en Twitter recogida por Europa Press, ha asegurado que le honra volver a ser conseller y que se dedicará "en cuerpo y alma al servicio de todos los catalanes".

El nombramiento de momento tiene más de simbólico que de otra cosa. La condición de consejero sólo se adquiere tras la toma de posesión, un acto de carácter presencial y para el que los políticos en prisión preventiva y los que están fuera de España tendrían que pedir permiso al juez Pablo Llarena para poder asistir. La justicia ya negó dichos permisos a los candidatos a la investidura que también estaban en prisión y por tanto hay pocas posibilidades que en esta ocasión el criterio sea diferente.

Pou su parte, el expresidente Carles Puigdemont ha dicho en su Twitter que es "un Gobierno moderno para un país moderno, al servicio de una sociedad moderna, abierta, europea".

El Gobierno ha insistido en varias ocasiones que sólo cuando tomen posesión todos los consejeros y eche a rodar el nuevo Gobierno catalán levantará el artículo 155. La Generalitat asegura que la toma de posesión será el próximo miércoles y seguramente, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, utilizará la negativa de la justicia para que los exconsejeros asistan como un argumento más dentro de su relato contra la aceptación de los resultados del 21-D y de la supuesta voluntad del Gobierno central de laminar el autogobierno en Cataluña.

Inés Arrimadas, la jefa de la oposición en el Parlament, ha criticado los nombramientos. "No quieren gobernar sino desafiar a la mayoría de catalanes y a la legalidad democrática. Un president supremacista, un plan ilegal anunciado en el Parlament y un Govern con dos presos y dos fugados que dieron un golpe contra la democracia. Así no se puede levantar el 155", ha escrito en Twitter.