La Guardia Civil destapa la millonada gastada en el 1-O y hunde a Puigdemont

Pedro Sánchez ya tiene sobre su mesa un demoledor informe sobre las finanzas de la Generalitat. Un informe de la Guardia Civil, el último y más completo, que argumenta las razones por las que La Moncloa debe seguir vigilante con las cuentas del nuevo Govern de Quim Torra.

Los investigadores han acreditado en una nueva investigación sobre la presunta malversación de fondos públicos para el referéndum ilegal del 1 de octubre que la Generalitat de Cataluña comprometió 3,26 millones de euros, de los que ha pagado ya 1,588 millones y tiene pendiente de abono un total de 1,66 millones.

Esta cifra supone 1,3 millones de euros más de los acreditados por los investigadores en abril, ya que se incluyen los gastos de rehabilitar la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el call center del referéndum.

El citado informe fue enviado por el Instituto Armado el pasado 11 de mayo al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona y éste, a su vez, lo remitió el 21 de mayo al Tribunal Supremo, ya que en ambos están abiertas causas que investigan el dinero público gastado por el Gobierno catalán para el referéndum ilegal.

Aunque en anteriores informes de la Guardia Civil ya se aportaba una cifra aproximada de cuánto habría supuesto la malversación, en este documento más reciente los investigadores exponen las cifras que se dedicaron a sufragar la campaña y el referéndum en sí departamento por departamento del gobierno que presidió Carles Puigdemont.

Para contabilizar los servicios solicitados por la Generalitat y realizados por las distintas sociedades requirientes, la Benemérita ha tenido en cuenta para hacer los cálculos sólo los gastos del Govern y no el del Grupo Parlamentario de Junts pel Sí, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium.

Según explica el informe, "el plan no es individual, sino que ha respondido a una estrategia conjunta perfectamente diseñada consensuada por los entonces presidente y sus consejeros y que acabó por definirse tras el acuerdo del 6 de septiembre de 2017 por el que el Govern garantizó el referéndum, asumiendo de manera colegiada o a través de los distintos departamentos las contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias para su ejecución y donde se reflejó textualmente que las decisiones y actuaciones serían tomadas de forma colectiva y colegiada por parte de los miembros del Govern y asumidas de manera solidaria".

La Guardia Civil da una especial relevancia a ese acuerdo de gobierno del 6 de septiembre de 2017 por el que Puigdemont acordó que, "como administración electoral", asumía directamente el encargo a departamentos o unidades competentes las "contrataciones, la aprobación del gasto y las acciones político-administrativas necesarias" para garantizar la celebración del referéndum.

En el cuadro elaborado por los investigadores figuran adjudicaciones de Vicepresidencia y las consejerías de Presidencia, Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Salud, Cutura y el Diplocat para la emisión de anuncios, creación de campañas publicitarias, difusión en medios escritos, configuración de una página web para la campaña del 1-O, carteles publicitarios, servicio de reparto de cartas certificadas o servicios de observadores internacionales.