La corrupción del PSPV le explota a Sánchez en las manos y lo intenta tapar

Llegó Pedro Sánchez a La Moncloa vendiendo regeneración y a las primeras de cambio le salió un ministro -Màxim Huerta- defraudador de Hacienda. Y a las segundas de cambio, el presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Jorge Rodríguez, ha sido detenido por corrupción en un asunto que pinta muy feo.

Porque lo que inicialmente parecía un caso de enchufismo -irregularidades en la contratación de los altos directivos de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa- va camino de convertirse en algo mucho mayor: el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia investiga si hubo financiación irregular del PSPV y Compromís a través de mordidas por contratos adjudicados irregularmente por la Diputación de Valencia.

Ya decía este miércoles por la mañana el vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata, que le resultaba raro que se hubiera lanzado un operativo de tales dimensiones (van media decena de detenidos) por "unos contratos irregulares". Y tanto. Su pálpito era bueno, mal que le pese.

Lo que se ha llamado la operación Alquería es, pues, presuntamente un caso de corrupción de manual que cae sobre mojado en la formación de Ximo Puig, acechada ya de por sí por la sombra de la financiación irregular. Así que a esta hora los socialistas valencianos están en shock, por más que su jefe de filas quisiera mostrarse "extremadamente prudente".

Pero no es Puig el único le ha estallado la operación Alquería. También, y sobre todo, le ha estallado en las manos al presidente Sánchez. En esas manos que La Moncloa definía el martes en un tuit como las que marcan "la determinación del Gobierno".

Por lo pronto Sánchez, descolocado, intentó zanjar el asunto en el Congreso asegurando que el PSOE aplicará a Jorge Rodríguez y los demás socialistas detenidos el código ético del partido, mientras el PP y Ciudadanos pedían su cabeza.

Ese código ético pospone al momento de la apertura del juicio oral la suspensión cautelar de militancia de sus miembros. Y la expulsión no se hace efectiva hasta que no sean condenados en firme. Lo mismo reiteró el secretario de Organización, José Luis Ábalos, por la tarde en el Senado: que están advertidos de que si se les abre juicio "estarán fuera de la organización".

Pero una cosa es su destino como militante del PSOE y otra muy distinta, como presidente de la Diputación de Valencia. Hasta Podemos pidió su cese inmediato, recordándole como le recordó Irene Montero al presidente Sánchez que llegó a la Presidencia a lomos de "una moción de censura contra la corrupción".

A medida que con el paso de las horas el escándalo fue creciendo, La Moncloa improvisó un plan de contingencia y a última hora de la mañana filtró una cortina de humo, un truco de los malos: que el Gobierno exhumará los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos en julio, sin esperar más.

Pero ni por ésas han conseguido Sánchez y su barón valenciano, Ximo Puig, quitarse el foco y la presión de encima. Porque para más inri, la operación Alquería se remonta a 2015, cuando el ahora presidente del Gobierno ya era líder del PSOE (desde julio de 2014 en su primera etapa) y decía cosas como ésta sobre la lucha contra la corrupción:

Y hay más. Ese año un gobierno cuatripartito formado por los socialistas, Compromís, València en Comú y EU llegó a la Diputación de Valencia y una de las primeras decisiones que tomó fue cambiar de nombre a la antigua Imelsa y limpiar su imagen, puesto que se había visto sacudida por anteriores corruptelas con el PP.

Y ahora va a resultar que, más que limpiar la imagen de la empresa pública, sus gestores querían limpiar -presuntamente- millones.