Bochorno en la Junta: dimite el número tres de Justicia por atracar a su suegra
A Susana Díaz le crecen los enanos: después de estallar el escándalo de las tarjetas black del PSOE-A en puticlubs, uno de sus colaboradores es condenado por atracador.
Susana Díaz junto a su consejera de Justicia, Rosa Aguilar.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el PSOE-A siguen teniendo serios problemas en la elección de sus cargos públicos en la Junta. Sin que se hayan apagado los ecos del escándalo del uso de tarjetas oficiales en puticlubs de Andalucía, este viernes ha estallado otro incendio de aspecto más que bochornoso.
El secretario general de Justicia del gobierno de Díaz, Eugenio Pizarro Moreno, ha presentado su dimisión tras ser condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz a un año de cárcel y a pagar una indemnización de 4.940 euros a su suegra, a la que robó joyas de la caja fuerte y que luego vendió en una tienda de compra-venta de oro.
Fuentes de la Consejería han confirmado que Pizarro presentó su dimisión este jueves después de que la titular del ramo, Rosa Aguilar, le pidiera explicaciones por estos hechos ocurridos antes de su nombramiento. Una cuestión "personal y de ámbito privado", según las citadas fuentes, y de la que no conocían en el departamento de Justicia de la Junta.
El alto cargo de la Junta ha sido enjuiciado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz por un delito continuado de robo con fuerza al haber sustraído joyas de la caja fuerte de su suegra valoradas en varios miles de euros.
El secretario general de Justicia sustrajo joyas de su propio domicilio y del de su suegra, ambos en la capital gaditana, colindantes y comunicados a través de un pasillo. Además Pizarro procedió, como supuesta víctima, a denunciar en la Policía Nacional la desaparición.
El pasado martes tuvo lugar la vista entre las partes, si bien fuentes judiciales han detallado que se alcanzó un acuerdo de conformidad entre la abogada defensora de Eugenio Pizarro y la Fiscalía. Ésta pedía hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, al reconocer los hechos, y abonar 4.940 euros en concepto de responsabilidad civil y reparación del daño causado, y carecer de antecedentes, se ha reducido la pena a un año de prisión, que no cumplirá al ser suspendida.