Llarena retrasó 24 horas su auto letal contra el procés por no pisar a Sánchez
El magistrado del Supremo, que ha inhabilitado a Puigdemont y a otros cinco diputados, tenía preparado el escrito este lunes. Pero prefirió esperar para no dinamitar la reunión en La Moncloa
En primer término, el juez Pablo Llarena.
Este lunes, mientras Pedro Sánchez y Quim Torra permanecían reunidos en el Palacio de la Moncloa, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, daba los últimos retoques al que ya es, tras el del 23-F, el auto de procesamiento más importante de la historia de España.
En algunos sectores ha llamado la atención que pese a firmar su auto el lunes, el magistrado haya retrasado su publicación hasta este martes. Fuentes jurídicas consultadas aseguran que Llarena es un juez que no se deja presionar, en referencia a una posible sugerencia del entorno del Gobierno para que retrasará la difusión de su escrito. Por lo que dan por hecho que el propio instructor prefirió no interferir en la esperada cita de los dos presidentes.
Pero lo cierto es que Llarena ha concluido su investigación y lo ha hecho inhabilitando para el ejercicio de cargo público a Carles Puigdemont y al resto de los procesados que aún siguen siendo parlamentarios. Lo hace en aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras confirmarse sus procesamientos por el delito de rebelión.
Además de a Puigdemont, esta suspensión afecta al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras; al exlíder de la ANC Jordi Sànchez y a los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, que se encuentran en prisión provisional.
Pedro Sánchez y Quim Torra, este lunes durante su encuentro en La Moncloa.
Según explica Llarena, una vez que se hace firme este auto de procesamiento la suspensión es automática, ya que se trata de una medida cautelar de "naturaleza pública y extraordinaria".
Con ella persigue preservar el orden constitucional para impedir que personas que "ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad".
Llarena concluye así la instrucción pero sólo contra los 18 procesados que están a su disposición, pues deja abierta la investigación contra los investigados huidos, es decir, Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel, cuya situación queda pendiente en una pieza separada.
Contra este auto no cabe recurso, pues según dice el magistrado con la conclusión del sumario pierde la competencia y envía a la Sala las actuaciones para que revise cualquier escrito que presenten las partes, incluso para que confirme o revoque la decisión de Llarena de cerrar la investigación y sobre la suspensión de cargo público que este martes ha hecho efectivo.