El CGPJ desconfía de Pedro Sánchez y pone a prueba su apoyo al juez Llarena
El órgano de gobierno de los jueces ha decidido otorgar su amparo al magistrado del Supremo en la demanda interpuesta contra él por Puigdemont. Y mediará con el Gobierno para que ayude.
El CGPJ no ha tenido dudas a la hora de conceder al juez Pablo Llarena el amparo solicitado.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó este jueves otorgar a Pablo Llarena el amparo que el juez del Tribunal Supremo había solicitado frente a la demanda interpuesta contra él por Carles Puigdemont y sus cuatro exconsejeros huidos ante la Justicia belga. Demanda por la que está citado en Bruselas el 4 de septiembre (no irá).
El CGPJ considera más que evidente que la demanda es "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional" y señala: "Los procesados, demandantes en Bélgica, han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, intentando, sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero".
Los miembros del CGPJ han decidido poner a prueba a Pedro Sánchez y su compromiso con la causa judicial del procés, puesto en tela de juicio después de que accediera a trasladar a los cabecillas del independentismo presos a cárceles catalanas, siendo Cataluña la única comunidad que tiene transferidas las competencias en prisiones.
El resultado: en la cárcel de Lledoners, donde está preso Oriol Junqueras, el exvicepresidente de la Generalitat está teniendo encuentros de forma institucional. El martes, sin ir más lejos, con el lendakari vasco, Íñigo Urkullu.
Así, el CGPJ solicitará a los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores que actúen a través de la Abogacía del Estado "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante la demanda civil presentada contra el juez".
Ello puede implicar desde la personación de los Servicios Jurídicos del Estado a incluso la designación de un abogado que represente a Llarena en el proceso judicial en Bélgica. Así como que el Estado asuma una hipotética condena -Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica- y las costas que se deriven de una eventual condena civil.
En su comunicado, el CGPJ desvela que el pasado 10 de julio, solo cinco días después de que los presos catalanes fueran acercados a Cataluña, el presidente del Tribunal Supremo ya se dirigió a los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores para instarles a "llevar a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado, y especialmente las que procedan ante la jurisdicción y las instituciones que correspondan del Reino de Bélgica".
En su demanda de amparo, Llarena decía tener conocimiento de "gestiones" del Gobierno con Bélgica, pero aseguraba no conocer en qué términos ni el resultado de las mismas. Tampoco aclaraba si este Gobierno o el de Mariano Rajoy.
El acuerdo de este jueves fue aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, José María Macías y Pilar Sepúlveda. La vocal Concepción Sáez -designada por IU y que concluía este mismo jueves su labor en el órgano tras ser fichada por el Ministerio de Justicia- votó en contra.