El clamor de la sociedad obliga al Gobierno a cambiar de opinión sobre Llarena

Lejos de su primera intención de dejar "vendido" a su suerte al juez Pablo Llarena, y tras el clamor de la Judicatura el Gobierno ha anunciado que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra él, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.

Después de la que se ha liado estos días, el Ejecutivo socialista ha indicado en un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial "hasta este momento" en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Cabe recordar que Llarena, instructor de la causa abierta por el procés, debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia. "El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena por los políticos catalanes huidos a aquel país y encausados por el Tribunal Supremo", ha especificado el Gobierno.

Este comunicado se produce después de que durante el fin de semana distintas asociaciones de jueces y fiscales, así como los partidos políticos, se hayan pronunciado sobre este asunto, en su mayoría reclamando al Gobierno que asumiese la defensa de Llarena.

Tras el comunicado conjunto publicado el viernes, la Unión Progresista de Fiscales instó este sábado al Estado a personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.

Partido Popular y Ciudadanos también han reclamado al Gobierno a lo largo del fin de semana que actuase en defensa del magistrado y anunciaron peticiones de comparecencia e iniciativas parlamentarias en este sentido.