El Rey conversa en privado con el juez Llarena en la apertura del Año Judicial

Dicen que el Rey Felipe VI no se prodiga, como su padre, en gestos improvisados fuera del protocolo establecido para cada uno de los actos de su agenda institucional. Pero también se cuenta que el actual Jefe del Estado tampoco da nunca "puntada sin hilo".

Por eso, está siendo muy comentado en las últimas horas el detalle que el Monarca ha tenido este lunes con el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Tras presidir el tradicional y solemne acto de apertura del Año Judicial, junto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado; la fiscal general del Estado, María José Segarra; y el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes; el Rey Felipe ha mantenido un aparte con Llarena, que se ha prolongado durante algo más de diez minutos.

Justo en vísperas de que Llarena tenga que afrontar la denuncia interpuesta por Carles Puigdemont contra él ante un juez de Bélgica -y que obligó a La Moncloa a rectificar y contratar un bufete belga para su defensa-, el inquilino de La Zarzuela ha conversado con el magistrado que instruye el procés a lo largo de diez minutos, en una conversación que han compartido también el propio Lesmes y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.

Ninguno de los participantes en este curioso corrillo ha revelado los términos de la conversación, apelando a la discreción a la que obligan las palabras del Rey, cuando son privadas.

De forma previa a esta conversación, el acto en sí, la fiscal general se ha referido a la situación en Cataluña y al juicio sobre el 1-0. María José Segarra ha afirmado que la Ley "mientras esté en vigor" vincula a todos y "no puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia".

También se ha referido a la labor de los fiscales en Cataluña y ha afirmado que será "especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones en esta Comunidad"; a los que muestra un apoyo "absolutamente inequívoco".

Segarra ha reconocido que durante 2017 se asistió en Cataluña a un "desbordamiento del orden constitucional y estatutario" que impidió el cumplimiento de resoluciones judiciales y que, "como no podría ser de otra manera", se encontró con la firme actuación de las Instituciones del Estado y también del Ministerio Fiscal.