Sánchez acepta ahora que Franco sea enterrado en La Almudena

El tiro por la culata: tanto baile con los restos de Franco y, al final, lo que el Gobierno ha provocado es que el autodenominado Generalísimo acabe reposando eternamente en un lugar más céntrico de la capital de España: la Almudena, nada menos, a escasos metros de la Plaza de Oriente que tantas tardes de gloria dio a los feligreses del franquismo.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha admitido este miércoles que el Ejecutivo no puede impedir que los restos del dictador Francisco Franco sean enterrados en la cripta anexa a la catedral de La Almudena si la familia los lleva allí y la Iglesia no tiene reparos.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Calvo ha explicado que el Ejecutivo sólo tiene capacidad para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, un monumento que, a diferencia de la Catedral de La Almudena, pertenece a Patrimonio Nacional.

Calvo ha justificado la necesidad de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos para cumplir la Ley de Memoria Histórica y las recomendaciones de Naciones Unidas, que periódicamente sacaban las vergüenzas a España por tener "una tumba de Estado donde se enaltece al dictador".

Pero una vez exhumados esos restos, ha explicitado, el Gobierno se los tiene que entregar a la familia porque son "su responsabilidad". Sólo en caso de que la familia no se hiciera cargo de los restos del dictador, el Ejecutivo tendría capacidad de decidir su nueva sepultura. Y en ese caso, ha aseverado, no se elegiría la cripta de La Almudena sino otro lugar "decoroso" que no ha revelado.

"En principio el Gobierno no puede ir más allá de lo que su familia decide", ha incidido, subrayando que lo más importante es que el dictador deje de estar enaltecido en un monumento público. Lo que Calvo no ha dicho es que, hasta este momento en que Sánchez decidió resucitar el debate sobre el franquismo, existía un amplísimo consenso que él ha roto.

Consensos rotos

El Congreso aprobó por unanimidad hace más de tres lustros la condena del franquismo y la restitución de las víctimas; el traslado discreto de sus restos mortales y un dictamen de una comisión de expertos que imponía la necesidad de hacerlo todo desde el consenso y sin generar polémicas sociales. Justo lo contrario de lo buscado por el Ejecutivo de Sánchez.