Así da alas a los presos la "puñalada" de Sánchez a Llarena y a la Guardia Civil

"En un día el Gobierno puede haber arruinado el ingente trabajo de dos jueces, Pablo Llarena y Carmen Lamela, una decena de fiscales y varios centenares de investigadores de la Guardia Civil". Este es el lamento de un fiscal del Tribunal Supremo en referencia al viraje, previa imposición de La Moncloa, de la Abogacía del Estado en sus conclusiones provisionales para el juicio del procés.

Un viraje, "claudicación" para varios juristas consultados por ESdiario, sostenido en un solo término, el de tumultuario -el caracter de los incidentes que separa la rebelión de la sedición-, que abre una brecha en la respuesta del Estado al golpe del 1-O "de consecuencias imprevisibles", en palabras de un exmagistrado del Alto Tribunal.

Y es que, como adelantó este periódico el pasado 25 de octubre, la decisión de Pedro Sánchez y su ministra de Justicia, Dolores Delgado, forzando a los Servicios Jurídicos del Estado a rectificarse y autoenmendarse va mucho más allá de un gesto político al independentismo a cambio de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2019.

Es un instrumento más que valioso para la estrategia de defensa de Oriol Junqueras y el resto de procesados por el 1-O. Servido en bandeja gracias a los oficios de Consuelo Castro, la nueva Abogada General nombrada en junio a propuesta de la propia Delgado.

Según las fuentes jurídicas consultadas por ESdiario, fue hace meses el abogado de Junqueras, Andreu van den Eynde, quien comenzó a diseñar su hoja de ruta bajo una premisa: había que preparar la "siguiente pantalla" al Tribunal Supremo. Y es que el equipo de letrados de los procesados da por amortizada la condena en el juicio que comenzará proximamente, y mira ya las siguientes decisiones a adoptar.

Y es en este punto en el que los independentistas han obtenido una munición extra llegada nada más y nada menos que desde el Palacio de la Moncloa. Primero, por poner en cuestión la exhaustiva instrucción del juez Pablo Llarena, respaldada punto por punto hasta hace apenas dos semanas por la misma Abogacía del Estado que ahora la cuestiona. Y, de paso, hunde el soporte probatorio facilitado por la Guardia Civil.

Lo ha argumentado este mismo viernes el propio van den Eynde, al augurar que finalmente la Fiscalía no acuse por rebelión al recordar que las peticiones de pena de las acusaciones se pueden modificar al final del juicio: "Es fácil que cambien la pena, sería lo lógico. Pensar que lo mantendrán es una vergüenza".

Es este el aspecto que más indignación ha provocado entre los juristas y en la propia Fiscalía General. Es el propio Gobierno -y por tanto los Ministerios de Justicia e Interior-los que cuestionan con la nueva calificación de sedición de la Abogacía que hubiera violencia el 1-0. El mismo argumento utilizado por los jueces de Bélgica, Suiza, Escocia y Alemania para dar la razón a los independentistas y denegar su entrega a España.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, junto a la ministra de Justicia, este viernes tras el Consejo de Ministros.

"La unidad de respuesta del Estado frente al golpe ha saltado literalmente por los aires. ¿Y en que situación queda el Supremo y la Fiscalía cuando este viernes todos los embajadores informen a sus países de que el propio gobierno español defiende ahora que no hubo ni rebelión ni siquiera violencia en Cataluña?", se pregunta un exfiscal de la Audiencia Nacional.

Y, aún va más allá este jurista. ¿Cómo puede la Fiscalía acusar al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, de rebelión si el propio Gobierno de Pedro Sánchez la descarta y la niega...?

De esta forma, los presos habrán logrado su segundo objetivo. Tras dinamitar la instruccion judicial y la investigacion policial (la de la Guardia Civil), los procesados habrán introducido en el mismo inicio del juicio la "duda razonable" de que la principal acusación, la de la Fiscalía del Supremo, esté "sobredimensionada". Argumento decisivo de cara a los recursos que se esperan al Tribunal Constitucional y, en su caso, a los tribunales europeos.

Pero, como tercer objetivo, la estrategia de defensa habrá logrado un tercer objetivo. Si la brecha y la duda creada por la Abogacía del Estado tiene éxito y el Supremo condena solamente a Junqueras y compañía por sedición y malversación, el indulto desde el Gobierno será mucho más asumible. De ahí que el PP haya urgido una reforma legal para impedirlo.

Además, el independentismo gana una relevante baza para el futuro horizonte procesal. Primero, ya que confía en una recomposición ideólogica del Supremo si la izquierda logra seguir en La Moncloa. Cabe recordar que en apenas un mes deben ser renovados varios miembros del CGPJ, entre ellos su presidente Carlos Lesmes, a la vez presidente del Alto Tribunal.

Y en las quinielas esperan ya magistrados de signo progresista, como Cándido Conde-Pumpido, mucho más en línea con la estrategia de Sánchez y sus socios de Podemos, ERC y PDeCAT con el 1-O.

De momento, los presos politicos han logrado desde este mismo viernes un espaldarazo a su estrategia internacional. Después de criticar con extraordinaria dureza las resoluciones europeas sobre el 1-O, en especial la negativa de la corte de Schleswig-Holstein a entregar a España a Carles Puigdemont, resulta que la mismísima ministra Dolores Delgado se abraza ahora a sus tesis sobre la rebelión.

Y en el horizonte espera el Tribunal de Estrasburgo, última parada del largo proceso judicial que solo hará más que empezar en apenas un mes en el Supremo.