El Gobierno ya no sabe cuándo podrá ilegalizar una Fundación Franco desatada

El Gobierno mantiene públicamente su intención de ilegalizar asociaciones y fundaciones que realicen apología del franquismo, como la que lleva el nombre del dictador Francisco Franco, pero en privado lo condiciona a una reforma "integral" de la Ley de Memoria Histórica donde se incluyan las "modificaciones legales oportunas" para ello.

Es decir, no podrá hacerlo rápido y ni siquiera tiene una fecha prevista, pese al bombo y platillo que le dio al asunto que Pedro Sánchez lleva utilizando desde mayo como bandera de su llegada a La Moncloa: la exhumación de los restos del dictador y la prohibición de la entidad que le recuerda.

Una vez más, los planes chocan con la realidad jurídica del Estado de Derecho, aunque a Sánchez no le guste reconocerlo y sólo lo explica oficialmente a través de preguntas parlamentarias. Así lo ha reafirmado el Ejecutivo en la respuesta que ha enviado al portavoz adjunto de En Comú en el Congreso, Josep Vendrell, quien se interesó por esta cuestión el pasado mes de julio.

En su contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo recuerda que la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció en verano su intención de hacer una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica de 2007 e incluso anunció un estudio para ver cómo se podía proceder a la ilegalización de la Fundación Franco.

En revisión

La Ley de Memoria ya está siendo objeto de revisión en el Congreso, que tramita como proyecto de ley el real decreto ley aprobado en agosto por el Gobierno para poder exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Precisamente, está previsto que el plazo para la presentación de enmiendas a este texto finalice este martes.

En su respuesta, que tiene fecha de 26 de octubre, el Ejecutivo vincula las medidas contra la Fundación Franco con una futura reforma integral de la ley. "En dicha reforma se estudiará la inclusión de modificaciones legales oportunas para que se declaren ilegales las asociaciones o fundaciones que realicen apología del franquismo", avanza el Ejecutivo.

Además añade que en la misma se incorporará igualmente la modificación del artículo 510 del Código Penal para incluir la apología del franquismo como delito.

Y en otra respuesta parlamentaria, ésta dirigida al diputado de Compromís Enric Bataller, el Gobierno recuerda que ya está siendo objeto de revisión en las Cortes "la actual redacción de los delitos de odio, para incluir especificidades de nuestra memoria colectiva durante la dictadura franquista, ponderando en todo caso la salvaguarda de libertades y protegiendo a colectivos contra los que se dirigen mensajes discriminatorios o que inciten a la violencia".

Sin avances

Lo cierto es que, tras reabrir un debate que parecía enterrado desde la Transición, Sánchez no ha logrado ni trasladar a Franco ni reconvertir el Valle de los Caídos ni hacer desaparecer la Fundación en su honor que, según explican sus portavoces, está creciendo en afiliados y tienen intención de abrir sedes en distintas ciudades de toda España, incluida Barcelona.