Magdalena Valerio designa como altos cargos a dos partidarios de la prostitución

Primero fue aceptar la inscripción de OTRAS, el sindicato de las prostitutas, aunque aseguró que aquello fue un "gol por la escuadra" que le había colado. Pero ahora la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, vuelve a chocar contra la misma piedra al aceptar el nombramiento de dos importantes altos cargos en su Ministerio que defienden abiertamente la prostitución regulada.

Y es que la Secretaría de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, dependiente de manera directa de Valerio, ha puesto al frente de dos direcciones a sendos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid que suscribieron un artículo académico publicado en El País que defendía la legalización de la prostitución y su regularización.

Uno de ellos es Borja Suárez Corujo, que fue nombrado director general de Ordenación de la Seguridad Social el pasado mes de junio. Más recientemente, el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid Gregorio Tudela ha sido designado director gerente de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, dependiente del Ministerio.

Valdeolivas, Gregorio Tudela y Borja Suárez figuran entre la treintena de firmantes del texto 'Prostitución y Ciudadanía'. También lo son Manuel Cancio y Enrique Peñaranda, dos expertos de la sección de Derecho Penal de la Comisión general de Codificación a la que el Ministerio de Justicia ha ordenado la revisión de los delitos contra la libertad sexual. Todos son profesores de la facultad de Derecho de la UAM y miembros del colectivo de 'DeLiberación', que elaborada escritos de reflexión en torno a diversos asuntos.

Según apunta el artículo sobre la prostitución, "no se trata meramente de despenalizar, sino de regular con una finalidad de proteger". "Su legalización y su regulación pueden ser deseables, pues las mujeres se encuentran en una situación mucho peor en la clandestinidad y en la alegalidad", señala.

Una opinión personal

Fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social niegan que estos nombramientos sean contradictorios con el postulado abolicionista y de rechazo a la prostitución del Gobierno de Pedro Sánchez y, además, inciden en que "forma parte de su trabajo académico y está aparte de su trabajo político".

"Una cosa es el artículo que se firmó por un grupo de académicos hace tres años y que abría el debate sobre unas cuestiones diversas, y otra cosa es que ahora como miembros de un Gobierno ocupen un papel y se sumen a los postulados del Gobierno", argumentan estas fuentes a Europa Press.

La publicación de este artículo salió a la luz en medio de la polémica generada en torno a la constitución del sindicato de trabajadoras sexuales (OTRAS) a través de una resolución en el BOE autorizada por la entonces directora general de Trabajo, Concepción Pascual, que dimitió a raíz de este asunto.

Contra OTRAS

Precisamente este miércoles, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha declarado la nulidad de sus estatutos, al considerar que "no resulta admisible que el ámbito de actuación de un sindicato comprenda actividades que por su naturaleza no pueden ser objeto de un contrato de trabajo válido como es la prostitución por cuenta ajena".

En cualquier caso, desde el Ministerio desvinculan completamente el debate que puede abrirse entorno a la idea de legalizar o ilegalizar la prostitución de la inscripción del sindicato OTRAS que la ministra Magdalena Valerio tachó de "error", admitiendo que le habían "metido un gol por la escuadra" al autorizarla desde su departamento. "El debate de OTRAS es si la prostitución tal y como está puede estar sindicada, y ahí el debate está zanjado, internamente no existe", subrayan las fuentes del Ministerio.

Nombramientos por consenso

El nombramiento del director general de Ordenación de la Seguridad Social corresponde al Gobierno, mientras que el gerente de la Fundación está en manos del Patronato de la Fundación, que está compuesto por más de un centenar de personas.

La mayoría representan a la Administración General del Estado, y el resto a las comunidades autónomas, organizaciones empresariales más representativas -CEOE y CEPYME-, y a sindicatos como CCOO, UGT, CIG y ELA.

Según aseguran fuentes de Empleo, Gregorio Tudela fue "un candidato de consenso" a propuesta de la Administración General del Estado y finalmente elegido "por unanimidad".