Sánchez entrega Gibraltar a cambio de un apoyo de Europa "sin valor jurídico"

España dependerá de Europa para que Gibraltar no sea un ente estrictamente autónomo cuyas decisiones estén vinculadas, en exclusiva, a las negociaciones entre Bruselas y Londres. La propia Europa ya ha reconocido que el acuerdo aceptado por Pedro Sánchez, al margen del documento oficial de Brexit del Reino Unido, es una declaración retórico de valor político, pero no jurídico, en contra de los afirmado por el presidente español en la víspera, cuando afirmó sin ambages que el pacto concedía a España un "triple veto".

La realidad no es ésa y el valor de esa firma dependerá de la palabra de los 27 hacia España, uno de sus socios, y no de la letra ni de la jerarquía jurídica del acuerdo. Los líderes europeos han concedido sólo en apariencia este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez las garantías que pedía sobre el poder de veto de España sobre cualquier acuerdo futuro entre la Unión Europea y Reino Unido que quiera aplicarse en Gibraltar, a través de una declaración política, "sin valor jurídico", y cuya gestión ha creado cierto malestar entre el resto de socios.

La presidenta lituana ha ironizado sobre las concesiones aceptadas para convencer a España de que levantara su veto y ha explicado que usaron el "truco" de "prometer"

"Se trata de una declaración política, sin ninguna validez jurídica", han indicado fuentes europeas al tanto de las negociaciones de los últimos días, que advierten de que lo que se ha hecho es confirmar que España, como Estado miembro, tiene un poder que ya estaba acreditado pero no es privativo y está expuesto a la opinión de todos los demás socios de la Unión, tal y como expresó el primer ministro de Gibraltar, Fabian Picardo, entre palabras de menosprecio a Sánchez.

"Es como decir que el sol sale cada mañana", ha añadido la fuente, que apunta que todos los socios son conscientes de la importancia política de este asunto para España, a pesar de que el modo de gestionar esta crisis ha creado malestar entre muchas delegaciones.

Las quejas del Gobierno llegaron "en el último momento", lo que irritó a algunos países, e hizo temer que llevar a primera línea del debate el estatus de Gibraltar pudiera "complicar la tarea" de la primera ministra, Theresa May, a la hora de defender el frágil acuerdo del Brexit ante el Parlamento británico.

Algunas de las delegaciones tampoco veían necesario dejar por escrito algo que consideran "evidente", en el sentido de que en el marco de acuerdos comerciales como el que se negociará con los británicos cuando sean país tercero, "España tendrá veto sobre Gibraltar y otros asuntos, como lo tendrán el resto de Estados miembros", al cubrir asuntos de competencia nacional. Y ésa es la clave: antes de que extrajeran el punto del acuerdo, España tenía esa capacidad decidieran lo que decidieran los 27 países de la UE, y ahora la ha perdido.

En cualquier caso, el compromiso de interpretar el Tratado de Retirada negociado con Londres como reclama España ha quedado recogido en dos declaraciones de los 27 y la Comisión Europea recogidas en un anejo a las actas del Consejo europeo celebrado este domingo en Bruselas para validar el acuerdo de divorcio y marcar el camino para las negociaciones de la relación futura.

Para el Gobierno español era imperativo que fueran modificados tanto el artículo 184 del Tratado de Retirada como la redacción de la declaración sobre futuro, con el objetivo de introducir la "claridad jurídica" sobre el estatus de Gibraltar que, en su opinión, había quedado diluida a petición de la primera ministra británica, Theresa May.

Finalmente, ninguno de los dos textos negociados con Londres han sido modificados por temor a reabrir la negociación y complicar el proceso de ratificación y se ha optado por añadir declaraciones paralelas en las notas a las actas de la reunión.

No son vinculantes

Esta fórmula supone un nuevo pronunciamiento por parte de las instituciones a favor de España con respecto a Gibraltar, en la misma línea que las directrices que adoptaron los 27 en abril de 2017, pero no son legalmente vinculantes.

Una carta del embajador británico ante la UE, en nombre del Gobierno británico, que promete interpretar los acuerdos en el mismo sentido que lo hace el bloque ha sido la otra contrapartida obtenida por Sánchez para retirar su amenaza de veto.

Sánchez ha subrayado que se trata de un "triple blindaje institucional" que garantiza que cualquier negociación sobre las relaciones futuras pasará por el filtro de Madrid y ha destacado que es algo que no se había logrado hasta ahora. Pero no es eso lo que dicen las leyes.

¿Un éxito?

El Gobierno interpreta este resultado como un "éxito de Estado", según fuentes de Moncloa, que insisten en que España ha obtenido nuevas declaraciones de las instituciones europeas a su favor.

También el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, el francés Michel Barnier, ha subrayado el valor de las aclaraciones que los 27 han respaldado y ha defendido su peso político. En declaraciones a Europa Press al término de la cumbre, cuestionado por la falta de valor legal de los textos, Barnier ha dicho que se trata de una "señal muy fuerte" porque los 27 reconocen el poder de veto de España.

Es el "mandato" que seguirá la Comisión Europea a la hora de negociar en el futuro con Reino Unido, ha dicho Barnier, y Bruselas "no aceptará otra cosa" que lo convenido con España. Pero todo depende la buena voluntad, lo que en sí mismo convierte esta parte del acuerdo en un "trozo de papel", como señaló Picardo para presumir de la victoria del Reino Unido sobre España.

Por el contrario, la presidenta lituana, Dalia Grybauskaite, ha ironizado sobre las concesiones aceptadas para convencer a España de que levantara su veto y ha explicado que usaron el "truco" de "prometer".

"Normalmente tenemos algunos trucos, estoy bromeando: Prometimos prometer", ha dicho Grybauskaite. La lituana ha matizado sus palabras al ser preguntada por si entonces lo que ha obtenido España eran solo promesas: "No, no. Normalmente cuando prometemos, cumplimos tarde o temprano".