El clavo definitivo en el ataúd político que entierra a Susana Díaz

Se dice, con alguna razón, que es el mayor escándalo de la historia de la política reciente española, por mucha competencia que haya al respecto. Pero nunca una maquinaria corrupta se ha relacionado de manera tan directa con las propias instituciones y con un Gobierno como en el caso de Andalucía, donde el caso de los ERES explica una época y, a la vez, la cierra de un portazo electoral con el más que previsible hundimiento del régimen socialista.

Será una coincidencia, pero la inminente salida de Susana Díaz de la presidencia de la Junta se yuxtapone con el fin del juicio de los ERES, el mayúsculo dispendio clientelar de miles de millones en tener contenta a la parroquia más cercana al socialismo andaluz: Díaz no quería llegar a las urnas con una sentencia adversa y tal vez por eso adelantó la cita, pero lo cierto es que su estruendo debió de pesar y mucho en el ánimo del electorado sin esperar al fallo judicial.

Susana Díaz tenía miedo a la sentencia y adelantó las Elecciones, pero de poco le ha valido. Los ERES ya pesaban

El juicio de la conocida como pieza política de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares llegaba a su fin esta semana después de juzgar durante un año a 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la gestión que distintos gobiernos autonómicos llevaron a cabo durante una década en la concesión de ayudas sociolaborales.

El 13 de diciembre de 2017, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, conformado por Juan Antonio Calle, Encarnación Gómez y Pilar Llorente, comenzaba a juzgar a 22 -21 tras la exclusión del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa- ex altos cargos socialistas por delitos de prevaricación y malversación por el denominado procedimiento específico por el que la Junta concedía las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procesos de regulación de empleo y a empresas en crisis con fondos del programa presupuestario 31L que gestionaba la Dirección General de Trabajo.

Los fondos del famoso 31L

Ayudas que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el expresidente del ente y exviconsejero del ramo Antonio Fernández -ambos acusados-.

Este ente recibía los fondos del 31L a través de transferencias de financiación, eje sobre el que se ha vertebrado el juicio. La Sala, entre otras cuestiones, tendrá que dirimir la legalidad o no del uso de las transferencias de financiación para allegar fondos a esta empresa pública, desde la que resultaba más sencillo regar al ecosistema socialista.

Una falta de control de las ayudas que ya detectó la Intervención General de la Junta en el informe de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA correspondiente al ejercicio 2003 pero remitido a sus destinatarios en 2005. Un informe que, tras analizar una veintena de expedientes de concesión de ayudas de los ERE, concluía que se estaban concediendo ayudas prescindiendo "total y absolutamente" del procedimiento legalmente establecido". ¿Con conocimiento político? Parece fuera de toda duda que incluso fue algo más que eso: con el impulso directo del Gobierno.

"¿Cuántas cosas mal tenían que haber hecho el consejero de Empleo, el director general de Trabajo o IFA/IDEA para apreciar la existencia de menoscabo?" llegó a afirmar Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la IGAE, para quien la Intervención General de la Junta, con Manuel Gómez a la cabeza como ex interventor general, debió emitir un informe de actuación.

Por parte de las acusaciones se ha sostenido, por todo ello, la existencia de un acuerdo o pacto de todos los encausados para poner en marcha un sistema "opaco" de concesión de ayudas. Uno de los abogados de las defensas más incisivos frente a esta idea fue el de la exconsejera Magdalena Álvarez. "Asumir esa confabulación exigía acreditar que 21 personas de la Junta, que apenas se conocían entre sí y que se sucedieron en los cargos, se pusieron de acuerdo para un pacto cuyo fin era tan maquiavélica empresa de engañar al Parlamento". Pero pocos le creen.

El clientelismo

Además de la cuestión jurídica de la legalidad de las transferencias de financiación, el tribunal deberá abordar también la legalidad de las ayudas concedidas por la Junta y la naturaleza de las mismas. Defensas como la Antonio Fernández o Guerrero han puesto el foco en la legalidad de las mismas amparándose en la Orden Ministerial de 1995 del Gobierno, administración competente para legislar en material laboral.

Y de nuevo existe una teoría contraria por la acusación, que de la mano de la IGAE, señala que son subvenciones y se otorgaron en base al Título VIII de la Ley General de Hacienda, el decreto 254/2001 de Reglamento de Subvenciones y la Ley General de Subvenciones de 2003, y se dieron "sin procedimiento legalmente establecido".

El principio 'non bis in ídem', por el que un acusado no puede ser acusado dos veces por los mismos hechos y en base al que la Sección Séptima de la Audiencia está excluyendo a muchos de estos encausados en otras piezas separadas de los ERE, ha sido traído en repetidas ocasiones por las defensas en sus informes finales para criticar la actuación de la Fiscalía y su insistencia de acusar por los mismos fondos en este proceso y en los restantes de la causa.

Un sumario inmenso

Éstas serán algunas de las cuestiones que tendrán que analizar minuciosamente el tribunal para dictar sentencia, cuyo ponente es el magistrado Juan Antonio Calle, quien no tardará menos de seis meses en dictar la sentencia.

21 acusados, más de 120 testigos, seis semanas de prueba pericial, 152 sesiones, más de 650 horas de grabación de la vista oral, o más de 14.200 folios de la causa son algunas de las cifradas que reflejan la complejidad de este mediático juicio, que ha sentado durante un año y cuatro días a una veintena de los principales cargos de los gobiernos andaluces del PSOE durante una década, quienes se enfrenta a penas que van desde los diez años de inhabilitación a los ocho de prisión.

Y es la punta del iceberg de algo más que un sistema: llamar régimen a lo que en Andalucía ha ocurrido durante casi cuatro décadas es una concesión retórica, más que jurídica, pero define muy bien cómo el PSOE transformo la Junta en un aparato de captación y conservación del poder que, ahora, definitivamente, se ha estrellado en las urnas.