El Seprona desmonta la coartada de Pilar Martínez sobre su chalé ilegal

Varios guardias civiles del Seprona y técnicos del Gobierno de la Comunidad de Madrid desmontaron este martes la versión ofrecida por la presidenta del PP de Villaviciosa de Odón, Pilar Martínez, en el juicio al que se enfrenta acusada de un delito contra la ordenación del territorio por el que el fiscal pide cinco años de cárcel para ella, como ha venido contando ESdiario.

Entre este lunes y martes se celebraron las dos primeras sesiones de un juicio oral que tendrá una tercera y última vista el miércoles de la próxima semana, cuando declararán los peritos de las defensas y todas las partes expondrán sus conclusiones.

Un juicio que ha levantado polvareda en la política madrileña, puesto que Martínez aspira a ser la candidata del PP a las elecciones municipales de mayo. Aunque el PP de Madrid no tiene una decisión tomada aún.

En la vista del lunes, Pilar Martínez sostuvo que, en contra de lo que asegura el fiscal, ella y sus hermanos no construyeron chalés y piscinas ilegales en una finca de su propiedad catalogada como suelo no urbanizable de especial protección. Sino que heredaron Las Lobosas de su padre en 2014, cuando murió éste, y que a partir de entonces no hicieron ninguna modificación sobre el terreno. Que lo único que hicieron fue repartirse la finca tras su muerte y dejarla como estaba.

Es decir, los acusados, ante la imposibilidad de rebatir las fotografías aéreas tomadas por el Seprona, donde se ven las edificaciones residenciales, optaron por echar la culpa al fallecido: que lo que se construyó lo construyó él antes de 2014, y por tanto el posible delito penal estaría prescrito.

La presidenta del PP de Villaviciosa contestó en la Sección 29 de la Audiencia Provincial de Madrid a las preguntas de su defensa y a las del fiscal, pero se negó a responder al abogado de la acusación particular, un vecino. Según ella, todo es una venganza orquestada por este último.

Sin embargo, en la sesión de este martes los agentes y los técnicos de la Comunidad de Madrid corroboraron que, como mínimo, después de 2014 se hicieron obras en uno de los edificios del complejo.

De hecho en el escrito de acusación el fiscal señala textualmente que los herederos de Francisco Martínez Gómez "continuaron promoviendo la ejecución de nuevas construcciones en la finca de la que eran copropietarios y usuarios". Finca enclavada en terrenos de protección especial medioambiental del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama.

Además, los técnicos regionales certificaron que Pilar Martínez y su familia no pidieron ni un solo permiso, así que todo lo construido es ilegal.